El presidente Gustavo Petro se refirió al caso que involucra al exdirector del Dapre Carlos Ramón González, actualmente en Nicaragua, el cual es requerido por la justicia colombiana.
A través de su cuenta de X, el mandatario señaló: “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”.
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La declaración se produce en medio de la polémica por la permanencia de González en Managua, pues la Fiscalía colombiana lo busca por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que involucra presuntos delitos de cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación.
Hasta el momento, la circular roja de Interpol para su captura internacional aún no ha sido emitida, por lo que su detención fuera de Colombia no sería inmediata.
Mientras tanto, se mantiene la investigación en su contra y las posibles acciones diplomáticas para lograr su retorno al país.
El caso se ha complicado por la estadía de González en la residencia oficial de la Embajada de Colombia en Managua.
En sus declaraciones, el exembajador León Fredy Muñoz explicó: “Como amigo lo recibí y como amigo lo atendí. La comida la compramos nosotros. Era una cosita de vivienda”.
El gobierno de Gustavo Petro ha negado de manera categórica cualquier gestión para favorecer la residencia de González en Nicaragua.
Tanto el presidente como la canciller Rosa Villavicencio y la excanciller Laura Sarabia han rechazado intervenir en trámites migratorios.
Sin embargo, documentos obtenidos por medios nacionales indican que González recibió la residencia nicaragüense el 21 de mayo de 2025, el mismo día en que la Fiscalía General de la Nación lo imputó por cohecho y peculado por apropiación, vinculados al desfalco en la Ungrd.
De acuerdo con Noticias RCN, González contaba con residencia en Nicaragua desde diciembre de 2024, pero su documento vencía en junio de 2025.
Un mes antes de la expiración, la embajada colombiana solicitó formalmente la renovación de su cédula de residencia ante el gobierno de Daniel Ortega.
La Dirección General Consular del Ministerio del Interior nicaragüense respondió de inmediato, autorizando el trámite y fijando un pago de 56 dólares.
Este proceso se realizó mientras la Fiscalía avanzaba en la solicitud de circular roja ante Interpol, lo que ha generado cuestionamientos sobre la posible protección institucional al exfuncionario.
Según reportes de W Radio, González vivió de manera gratuita en la residencia diplomática desde septiembre de 2024 hasta febrero de 2025.
Durante ese periodo habría comapartido la casa con su esposa, Luz Dana Leal, exdirectora del área de Empleo, Trabajo y Emprendimiento del Sena, y con funcionarios de la embajada, incluidos el embajador Muñoz y Óscar Muñoz Giraldo, primer secretario de relaciones exteriores.
El papel de los diplomáticos en Managua ha sido objeto de escrutinio. Cuando González llegó a Nicaragua el 5 de noviembre de 2024, el embajador era León Fredy Muñoz, del partido Alianza Verde, formación que González ayudó a fundar.
Posteriormente, Óscar Muñoz Giraldo asumió como encargado de la sede.
Muñoz ha sostenido que cuando invitó a González este no tenía orden de captura y que solo se gestionó su ingreso, no su residencia, y que la renovación del documento se hizo cuando él ya no estaba.
La Cancillería colombiana, por su parte, emitió un comunicado desmarcándose de la gestión: “La Nota Verbal de fecha 21 de mayo de 2025, suscrita por el Encargado de Negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua, no fue consultada ni autorizada por este Ministerio”.
La excanciller y actual embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, también aseguró no tener conocimiento de las solicitudes.
El trasfondo del caso se remonta a las acusaciones de Olmedo López, exdirector de la Ungrd, quien señaló a González como uno de los funcionarios del gobierno Petro que habría ordenado repartir sobornos y contratos a congresistas para facilitar la aprobación de proyectos oficiales.
La investigación sobre el presunto encubrimiento y el uso de la red diplomática para proteger a un fugitivo sigue abierta, mientras la residencia de González en Nicaragua y la actuación de los funcionarios involucrados continúan bajo la lupa de la justicia y la opinión pública.
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