Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda y una de las figuras más mencionadas en el proceso por el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se presentó el jueves 14 de agosto ante la Fiscalía General de la Nación.
El exfuncionario acudió acompañado de su abogado para responder por su presunta vinculación en la red de corrupción que involucra a exfuncionarios, congresistas y asesores del Gobierno.
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“Ricardo Bonilla vive de una pensión modesta como profesor, no posee bienes de fondo, ha asistido a todas las diligencias que ha sido citado, y puso su pasaporte a disposición de las autoridades. Hoy, 14 de agosto de 2025,ante la Fiscalía ratificó que no ha salido del país ni piensa hacerlo, y que mantiene su disposición a colaborar en cualquier citación que las autoridades le hagan”, dijo Javier Torres, abogado del exministro.
La investigación se centra en el presunto direccionamiento de contratos asignados por la Ungrd en municipios como Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, que habrían comprometido recursos por 92.000 millones de pesos.
La Fiscalía evalúa imputarle los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias, como anunció la fiscal María Cristina Patiño, a cargo del caso.
Durante la audiencia de arraigo en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) en Bogotá, Bonilla ratificó su disposición a colaborar con la justicia y presentó los documentos que acreditan su permanencia en Colombia.
La implicación de Bonilla en la trama fue ventilada en las declaraciones de la exasesora María Alejandra Benavides y el exdirector de la Ungrd, Olmedo López.
Ambos relataron la supuesta existencia de acuerdos entre altos funcionarios para canalizar recursos a través de contratos entregados a dedo por seis congresistas. El objetivo era favorecer al Ejecutivo en la aprobación de reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro.
La exasesora Benavides firmó, el 28 de julio, un principio de oportunidad que la exonera de responsabilidad penal en algunas conductas a cambio de su colaboración, lo que la posiciona como testigo clave en el proceso contra Bonilla y otros investigados.
La fiscal Patiño señaló que la imputación contra Bonilla se radicará una vez finalice el trámite legal con Benavides, que se resolvió semanas atrás. Aunque aún no se anunció la fecha exacta de la formulación de cargos, el expediente describe que “este caso no se desarrolló solamente en Bogotá, está involucrada contratación en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar”.
El escándalo de la Ungrd ha salpicado a varias figuras del entorno gubernamental, entre ellas los exministros Carlos Ramón González y César Manrique, que permanecen prófugos de la justicia.
En contraste, Ricardo Bonilla reiteró su inocencia y su voluntad de aclarar cualquier señalamiento. “Hoy, 14 de agosto de 2025, ante la Fiscalía ratificó que no ha salido del país ni piensa hacerlo, y que mantiene su disposición a colaborar en cualquier citación que las autoridades le hagan”, subrayó su abogado.
Las investigaciones señalan que, entre 2023 y 2024, funcionarios y congresistas habrían intervenido en la adjudicación irregular de tres proyectos por 92.000 millones de pesos en los municipios mencionados.
El objetivo era asegurar mayorías legislativas para las reformas propuestas por el Gobierno, argumentaron testigos ante la Fiscalía General de la Nación. Dentro del caso, seis parlamentarios desempeñarían un papel determinante, al seleccionar beneficiarios de la contratación y recibir beneficios políticos a cambio.
En ese contexto, Bonilla insiste en que no participó en ninguna decisión administrativa orientada a beneficiar intereses particulares o grupos de congresistas y que tampoco recomendó contratistas ni avaló acuerdos de carácter político en la asignación de recursos.
La causa judicial que involucra al extitular de Hacienda adquirió mayor complejidad luego de las implicaciones lanzadas también por Sneyder Pinilla, uno de los principales señalados en el saqueo de la Ungrd y quien menciona a ministros y congresistas.
Mientras tanto, la defensa de Bonilla sostiene que las acusaciones obedecen a “afirmaciones sin sustento”, procurando desligar al exministro del manejo contractual específico que estructuró el desfalco.
El proceso judicial mantiene expectante al entorno político, por tratarse de uno de los casos de mayor perfil ocurridos en la actual administración nacional.
Por ahora, la imputación formal contra Bonilla permanece pendiente de programación, a la espera de que la Fiscalía diligencie los trámites finales derivados de los acuerdos procesales con los testigos que colaboran en la investigación.
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