El Gobierno nacional, encabezado por Gustavo Petro, avanza en la concreción de un instrumento clave para su política de paz total: la Casa de Nariño ultima los detalles del decreto que reglamentará las denominadas “Regiones de Paz”.
Esta herramienta permitirán articular la acción estatal en zonas históricamente golpeadas por la violencia, la ausencia institucional y la economía ilegal.
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La iniciativa estaba pendiente desde 2022, según dice el borrador de decreto, y su desarrollo podría redefinir la estrategia nacional frente a grupos armados y comunidades afectadas por el conflicto.
La Consejería Comisionada de Paz, bajo la dirección de Otty Patiño, se propone implementar estas regiones cumpliendo lo previsto en la Ley 2272 de 2022, también denominada Ley de Paz Total.
De acuerdo con lo consignado en el documento, las “Regiones de Paz” se establecerán como “áreas geográficas que no siguen la división político-administrativa tradicional”, destinadas por decisión presidencial a promover “diálogos de paz, abrir espacios de conversación sociojurídicos, fortalecer la presencia estatal y desplegar intervenciones integrales junto a pueblos étnicos, comunidades y organizaciones sociales”.
El Ejecutivo busca priorizar territorios caracterizados por la presencia de grupos armados ilegales, altos índices de violaciones de derechos humanos, fortalecimiento de economías ilícitas y profundos vacíos institucionales, de acuerdo con el borrador del documento.
Uno de los objetivos es facilitar el tránsito hacia actividades lícitas acelerando la implementación de acuerdos parciales alcanzados durante las negociaciones adelantadas con actores armados.
Durante los últimos dos años, la falta de una reglamentación precisa frenó la puesta en marcha de la figura legal, aunque su mención fue recurrente en discursos oficiales y en los documentos del Plan Nacional de Desarrollo.
La demora obedeció a debates internos sobre el alcance operativo de las regiones—si debían ser exclusivas para negociaciones con alzados en armas o ampliar su radio a territorios que requieren intervención estatal urgente, aun sin mesas activas de diálogo.
El decreto estipula que las “Regiones de Paz” no funcionarán como zonas de despeje ni equivaldrán a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en proceso de diseño para acuerdos humanitarios específicos con facciones como Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) y el Frente 33 de las disidencias Farc.
El documento enfatiza que “no restringirán el accionar de la Fuerza Pública”, un punto que busca evitar interpretaciones que limiten operativos de seguridad en esos territorios.
La selección de territorios para ser denominados “Regiones de Paz” dependerá de la aplicación de criterios que superan el alcance inicial de la ley: ausencia o debilidad institucional, despliegue de grupos ilegales, patrones de violaciones a derechos humanos, así como desarrollo de hostilidades o consolidación de economías ilícitas.
Además, la disposición de las comunidades y autoridades a participar en procesos de transformación territorial será determinante, sostiene el borrador.
Dentro de cada región seleccionada, se podrán definir Zonas de Intervención Prioritaria. Esas áreas serán objeto de una coordinación especial entre la Consejería de Paz, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y las entidades competentes. El instrumento operativo para ordenar la acción estatal será la “Maqueta de Paz”, un plan de acción para cada zona priorizada que elaboran de manera conjunta la Consejería y el DNP desde hace dos años, en consulta con comunidades, referentes étnicos y organizaciones sociales.
Las Maquetas de Paz financiarán y articularán proyectos inmediatos destinados a mejorar bienestar social, garantizar derechos, fortalecer la presencia del Estado y reducir las desigualdades. Estas acciones buscarán conectarse con otros instrumentos de planeación previstos para la paz total y contarán con el respaldo de la cooperación internacional y el sector privado, precisó El Espectador.
En el proceso de coordinación, se convocará a ministerios, entidades administrativas y autoridades locales, y se prevé que eventuales acuerdos alcanzados en negociaciones de diálogo o sometimiento a la justicia formen parte de las Maquetas.
El seguimiento y control recaerán en un Sistema Integrado de Información Territorial, pensado para reportar avances y cumplir con exigencias de transparencia, además de un trazador presupuestal que permita el monitoreo de recursos, tal como expuso el Ejecutivo en la memoria justificativa del proyecto.
Una innovación es la estrategia de participación ciudadana, que obliga a la Consejería a garantizar la intervención de consejos de paz, comités de justicia transicional, mesas de víctimas, así como redes empresariales, asociaciones locales y organizaciones de derechos humanos. Su función será colaborar en la identificación de necesidades, la definición de proyectos y el control de resultados junto con autoridades institucionales.
La financiación de la estrategia dependerá de la prioridad que asignen las entidades del nivel nacional y territorial, aunque el Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz) podrá destinar recursos a proyectos de rápida ejecución. Se contempla recibir apoyo financiero de la cooperación internacional y de empresas privadas.
Según se establece en el borrador del decreto, la puesta en marcha de las Regiones de Paz no implicará aumentar el gasto público, sino redistribuir y coordinar recursos ya existentes, en sintonía con principios constitucionales de planeación, descentralización y coordinación intersectorial.
El texto cita jurisprudencia de la Corte Constitucional, según la cual medidas de esta naturaleza son esenciales para garantizar la convivencia pacífica y la reconciliación nacional.
El contexto político añade presión al cronograma oficial. Cuando resta exactamente un año para el término del actual mandato de Petro, la implementación de las Regiones de Paz representa una prueba para la viabilidad de la llamada Paz Total y el cumplimiento de los acuerdos a que se llegue con organizaciones armadas, al tiempo que el gobierno busca impulsar su ley de sometimiento ante un Congreso adverso.
El despegue efectivo de esta reglamentación dependerá de la capacidad estatal para articular los diversos niveles de gobierno y la cooperación internacional, y para asegurar que las comunidades beneficiarias ejerzan un rol central en el diseño y evaluación de las intervenciones.
Frente a escenarios donde la violencia y la ausencia estatal persisten, la operación de las primeras Regiones de Paz revelará el alcance práctico del modelo impulsado por la administración de Gustavo Petro.
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