El paradero de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), habría quedado al descubierto tras supuestos documentos oficiales.
Según información de Noticias RCN, el exfuncionario, prófugo de la justicia colombiana por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), habría obtenido residencia legal en Nicaragua con el respaldo del Gobierno colombiano.
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La gestión para regularizar su estatus migratorio se habría concretado el 21 de mayo de 2024, el mismo día en que la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos formalmente, según el medio citado.
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El presunto apoyo del Gobierno Petro
De acuerdo con los supuestos documentos, una carta de la Embajada de Colombia al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua habría solicitado la regularización del estatus migratorio de González.
En el texto se lee: “Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país. Solicitamos apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González, toda vez que esta misma está para vencer el próximo 14 de junio de 2025”.
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La respuesta de las autoridades nicaragüenses habría sido instruir a González para que se presentara en Migración en Managua y pagara los costos del trámite, que ascendieron a 56 dólares.
La coincidencia de fechas entre la supuesta gestión diplomática y la imputación de cargos ha generado cuestionamientos sobre una posible coordinación entre las autoridades colombianas y el avance del proceso judicial, lo que profundiza las sospechas sobre protección institucional.
González podría quedar en libertad: el embolate de la circular roja de Interpol
Aunque la Fiscalía y la Policía de Colombia cuentan con una orden de detención en su contra por su presunta participación como uno de los artífices del escándalo de la Ungrd, la efectividad de la medida fuera del territorio nacional depende de un trámite pendiente ante Interpol.
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Desde el 4 de julio, la Fiscalía notificó formalmente a Interpol para que expidiera una circular roja que permitiera la detención de González en cualquiera de los más de 190 países miembros de la organización.
Sin embargo, más de un mes después, la oficina central de Interpol en Lyon, Francia, no ha emitido respuesta.
Esta demora ha generado inquietud entre los investigadores colombianos, quienes consideran que la expedición de la circular suele ser un procedimiento casi automático, salvo que existan dudas sobre la naturaleza judicial de la solicitud.
La ausencia de la circular roja implica que, en este momento, si Carlos Ramón González es localizado fuera de Colombia, no existe un mecanismo internacional vigente que permita su detención inmediata.
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Según fuentes cercanas al proceso de la Ungrd tomadas por El Tiempo, “en plata blanca, eso se traduce en que si en este momento el ex alto funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro es abordado en otro país, quedará libre, pues la circular roja no está vigente”.
Esta situación ha alimentado sospechas sobre posibles obstáculos burocráticos o consideraciones políticas en la tramitación del pedido. En el ámbito nacional, la orden de captura sí tiene efecto.
La supuesta ‘cucharada’ de Carlos Ramón González en la Ungrd
El magistrado Leonel Rogeles, del Tribunal Superior de Bogotá, determinó que González debe ser privado de la libertad por la gravedad de los hechos en los que estaría involucrado como presunto cerebro de la red de sobornos.
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La Fiscalía sostiene que los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, recibieron $3.000 millones y $1.000 millones respectivamente.
Ambos excongresistas se encuentran privados de la libertad en la cárcel La Picota, tras las imputaciones derivadas de este entramado.
El testimonio de Olmedo López, considerado pieza clave en el proceso, detalla que González impartió instrucciones precisas para la entrega de los dineros y que al menos dos reuniones en la Casa de Nariño, entre septiembre y octubre de 2023, sirvieron para definir los montos y las rutas de pago.
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