Varios sectores del ámbito militar colombiano han manifestado preocupación y rechazo ante la posibilidad de una cooperación militar formal entre Colombia y Venezuela.
En un comunicado difundido el 13 de septiembre, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore) advirtió que la propuesta de articular operativamente las Fuerzas Militares colombianas con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (Fanb) podría acarrear graves riesgos legales, éticos y de seguridad para el país.
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El pronunciamiento responde al reciente acercamiento entre el presidente de Colombia y el gobierno venezolano, identificado por Acore como “el gobernante usurpador de Venezuela”, para explorar acciones conjuntas en materia de defensa.
Las preocupaciones expuestas por el gremio castrense abarcan antecedentes recientes.
“La dictadura venezolana ha facilitado, de manera directa o indirecta, la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales colombianas en su territorio. Las Farc y el ELN, en particular, han encontrado refugio, rutas de abastecimiento y áreas de retaguardia en departamentos fronterizos venezolanos como Apure, Zulia y Amazonas, sin una respuesta clara ni contundente del régimen venezolano para desmantelar esas estructuras”, advirtió el comunicado.
Desde Acore se insiste en que cualquier integración de este tipo “genera serios cuestionamientos éticos y jurídicos y establece riesgos de consolidar legitimación de estas organizaciones criminales e impunidad para sus miembros, inmersos en crímenes de lesa humanidad”.
El documento también señala graves señalamientos internacionales sobre la Fanb.
De acuerdo con Acore, “sectores amplios del mando de la Fanb han sido señalados en múltiples investigaciones internacionales como parte funcional de una estructura narcocriminal conocida como el ‘Cartel de los Soles’, presuntamente controlada por altos mandos civiles y militares venezolanos que operan amplias redes de narcotráfico y contrabando”.
Esto, según el pronunciamiento, podría implicar que la Fuerza Pública colombiana termine expuesta a intereses criminales y vea comprometida la lucha contra el crimen transnacional.
Desde el punto de vista legal, la asociación manifestó su alarma frente a posibles vulneraciones a la normativa vigente. La Constitución Política de Colombia estipula que la presencia de tropas extranjeras en suelo nacional solo puede darse con el aval del Senado.
Para Acore, de concretarse una “integración operativa que implique intervención directa de fuerzas venezolanas en nuestro suelo sería una vulneración flagrante a nuestra soberanía, un atropello al principio de legalidad, una violación de la separación de poderes con desconocimiento del Congreso de la República por la rama ejecutiva, y una amenaza al control civil de la Fuerza Pública”.
En el plano internacional y ético, el comunicado resalta que Nicolás Maduro y su administración enfrentan investigaciones en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y carecen de garantías democráticas reconocidas globalmente.
La colaboración sin mecanismos de control con la Fanb podría traducirse en “más incertidumbre, violencia y desconfianza entre los pueblos de ambas naciones”.
El pronunciamiento finaliza con un llamado a las instituciones de control: Congreso, Corte Constitucional, Procuraduría y organismos independientes, a ejercer vigilancia sobre cualquier iniciativa que implique intervención extranjera en asuntos militares sin el debido proceso legal y sin salvaguardas para la soberanía.
Según Acore, la coyuntura debería utilizarse para “fortalecer nuestras capacidades propias, consolidar la inteligencia nacional, proteger nuestras fronteras con ejercicio diáfano de nuestra soberanía, y cooperar con la comunidad internacional a través de mecanismos judiciales, diplomáticos y humanitarios, no a través de acuerdos militares opacos que pueden comprometer nuestra legitimidad y los derechos de nuestra población”.
El comunicado concluye con un énfasis en los valores constitucionales y democráticos, señalando: “Cualquier esfuerzo por enfrentar el crimen transnacional y mejorar la seguridad en las zonas fronterizas debe construirse desde la legalidad, la transparencia y la protección irrestricta de los Derechos Humanos. Una verdadera paz y cooperación solo pueden construirse cuando ambas naciones respetan sus compromisos constitucionales y democráticos”.
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