La Procuraduría General de la Nación sancionó en primera instancia a Natalia Urrego Arias y Jorge Enrique Liévano, que fueron destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante nueve años tras una investigación por presuntas irregularidades en un contrato de mantenimiento de jardines y zonas verdes durante la alcaldía de Daniel Quintero Calle en Medellín.
La investigación disciplinaria, liderada por la Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 1, calificó las acciones de los exfuncionarios como “una falta gravísima cometida con culpa gravísima”.
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De acuerdo con El Tiempo, el contrato bajo la lupa, firmado en octubre de 2020 por la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín y Metroparques, ascendió a 5.250 millones de pesos y tenía como objetivo el manejo de las zonas verdes de la ciudad. Según la Procuraduría, la ampliación del contrato careció de justificación y presentó indicios de favorecimiento, lo que motivó la sanción.
“Luego de que resuelva la situación en el Tribunal Superior este proceso iría a juicio”, puntualizó Piedad Patricia Restrepo, directora de la veeduría Todos por Medellín, al referirse al futuro inmediato del proceso penal contra los exfuncionarios.
La lupa de la Fiscalía por el mismo caso
El caso no solo ha sido objeto de seguimiento por parte de la Procuraduría. Desde finales de 2023, la Fiscalía General de la Nación identificó presuntas irregularidades en seis contratos que, en conjunto, superan los 67.586 millones de pesos. Estos procesos involucran tanto a exfuncionarios como a contratistas de la administración de Quintero, precisó el citado medio.
El contrato de zonas verdes, en particular, ya cuenta con imputaciones formales. El 15 de enero de 2024, la Fiscalía imputó cargos a Urrego, Liévano y a Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de la empresa Reforestadora El Líbano, por los delitos de asociación para cometer delitos contra la Administración Pública, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos.
La Fiscalía detalló que, según la investigación adelantada por un fiscal seccional de Medellín, “entre febrero y noviembre de 2020, los exservidores públicos se habrían asociado para ordenar irregularmente el traslado de 5.000 millones de pesos del presupuesto del Jardín Botánico de Medellín a Metroparques, para la supuesta atención de emergencia por el covid-19”. Ninguno de los tres procesados aceptó los cargos, por lo que el proceso penal continúa y, de ser hallados culpables, podrían enfrentar una pena de 64 meses de prisión.
El avance judicial ha incluido la radicación del escrito de acusación el 23 de abril de 2024 y la audiencia de formulación de acusación el 16 de agosto del mismo año. Durante la audiencia preparatoria, el juez admitió la solicitud de pruebas de la Fiscalía, pero inadmitió parte de las pruebas propuestas por la defensa y rechazó otras por considerarlas no pertinentes ni útiles.
Ante esta decisión, los abogados defensores interpusieron un recurso de apelación, que será resuelto por la sala penal del Tribunal Superior de Antioquia en un plazo estimado de dos a tres meses.
La veeduría Todos por Medellín, que en 2021 expuso públicamente las presuntas irregularidades, ha seguido de cerca el proceso. Restrepo explicó que, una vez el Tribunal Superior resuelva la apelación, el caso avanzará a juicio.
¿Quiénes son los exfuncionarios investigados?
En cuanto a los perfiles de los implicados, según recopiló El Tiempo, Natalia Urrego Arias ejerció como secretaria de Infraestructura Física de Medellín entre enero de 2020 y noviembre de 2022.
Antes de su paso por la administración distrital, trabajó como profesional de Proyectos e Ingeniería en EPM y como profesional universitaria en la Alcaldía de Itagüí. Urrego es cuñada del exalcalde de Itagüí, León Mario Bedoya.
Por su parte, Jorge Enrique Liévano es administrador de empresas egresado de la universidad María Cano y especialista en Gerencia de Mercadeo. Fue designado gerente de Metroparques en enero de 2020 por el entonces alcalde Daniel Quintero y permaneció en el cargo hasta abril de 2021, cuando fue reemplazado por María Eugenia Domínguez, quien también figura en el proceso de corrupción investigado por la Fiscalía.
Liévano aparece vinculado a varios contratos irregulares, incluyendo los de zonas verdes, mantenimiento del Parque de las Aguas y apoyo logístico para eventos recreativos, deportivos y de actividad física en Medellín.
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