Revelaron chats sobre presunta participación de congresista conservador en el escándalo de la Ungrd: evidencia la tiene la Corte Suprema

Un mensaje enviado el 15 de enero de 2024 desde el celular del congresista conservador Wadith Manzur a María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, se transformó en la pieza clave para desentrañar el más reciente escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd); con lo que sería el multimillonario de la entidad que se encarga, justamente, de atender emergencias en Colombia.

Según dio a conocer Noticias RCN el 10 de agosto de 2025, el expediente de más de 800 páginas que elaboró la Corte Suprema de Justicia revelaría cómo Manzur, expresidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, ente que investiga al presidente Gustavo Petro, al parecer presionó a funcionarios del Ejecutivo para asegurar millonarios contratos, a cambio de votos y favores legislativos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp).

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El proceso describe al cordobés como el “vocero” de un bloque de seis congresistas que, presuntamente, condicionaron su apoyo parlamentario a la asignación de obras de la Ungrd. “Quería contarte el tema, ese que veníamos trabajando. Iba todo bien y de repente se paró y no volvimos a avanzar. Nosotros ya hicimos todo lo que ellos pidieron”, escribió Manzur a Benavides, en lo que sería una negociación abierta y sostenida.

Al recibir la inquietud, Benavides consultó al entonces subdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, que atribuyó los retrasos a la reducción de personal por las vacaciones de fin de año. No obstante, los intercambios, a los que accedió la Corte Suprema y publicó el citado medio de comunicación, muestran que la presión desde el Congreso no se detuvo y se extendió durante semanas, en paralelo a las discusiones clave en el órgano parlamentario.

El entramado corrupto al interior de la Ungrd que dejó en evidencia a Wadith Manzur

Fue en diciembre de 2023 cuando la estrategia tomó un tinte más claro, pues Benavides advirtió al entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sobre este asunto. “Tenemos sesión de interparlamentaria el miércoles 6. ¿Está de acuerdo en que les digamos que vamos a mover sus proyectos de la Ungrd, pero que salen el otro año?” A lo que el jefe de cartera, hoy en proceso ante la Fiscalía, respondió a su subalterna: “sí, adelanta eso”.

Este intercambio de mensajes, presentado como evidencia en la investigación, confirmaría la relación directa entre las demandas de los congresistas y la administración de recursos del Estado; a cambio del respaldo que necesitaba el Gobierno en el legislativo para la aprobación de diferentes proyectos, como créditos en la Cicp en favor de la administración Petro, pues eran los congresistas los encargados de dar su aval para tal fin.

Parte del material reunido por el alto tribunal incluye conversaciones entre el entonces viceministro de Hacienda, Diego Guevara, y Bonilla, en las que Guevara alertaba sobre la creciente presión ejercida por Manzur. “Wadith me cogió en la esquina y dijo que no estaba cómodo, que no tenía garantías reales de que le cumplamos. Pero yo le dije que anoche María Alejandra había hecho las llamadas y que confiara en nosotros”, expresó Guevara.

Los documentos exponen que el citado representante no solo intermediaba, sino que además aportaba contactos regionales necesarios para la ejecución de proyectos en municipios como Cotorra (Córdoba), y que empleaba la prolongación de algunas votaciones como mecanismo de presión política.

La investigación sostiene que, ante la percepción de un incumplimiento por parte del Gobierno, Manzur y sus aliados optaron por retrasar decisiones en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, con la intención de forzar el cumplimiento de los acuerdos previamente pactados. Durante varias semanas, la dinámica se repitió entre funcionarios del Ejecutivo y los congresistas involucrados, de acuerdo con lo expuesto por Noticias RCN.

Cada conversación, mensaje y reporte interno sumó pruebas para la hipótesis central de la Corte: la existencia de un pacto de favores —votos por contratos— dentro del manejo de recursos para la gestión de riesgo en Colombia. Todo esto, mientras el grupo de congresistas involucrados, según lo revelado, esperaba la materialización de sus peticiones en materia contractual, con la asignación de proyectos en diferentes partes del territorio.

La gravedad de la investigación ha provocado reacciones en los estamentos políticos y judiciales, pues estos mensajes digitales habrían permitido reconstruir la secuencia de hechos y responsabilidades en este caso. Las pesquisas aún no revelan la lista total de congresistas implicados, pero el expediente sitúa a Manzur como figura central en el presunto entramado, por su capacidad de negociar e incidir sobre proyectos de alto interés.