El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado este lunes 11 de agosto para que la activista colombo-venezolana Martha Lía Grajales sea puesta en libertad de forma inmediata.
La defensora de derechos humanos permanece en paradero desconocido desde el viernes 8 de agosto, cuando fue detenida en Caracas por presuntos funcionarios sin identificación, según denunciaron varias organizaciones.
Grajales, directora de la ONG SurGentes, participó el pasado 5 de agosto en una vigilia realizada frente al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
En esa jornada, unas sesenta madres exigían la revisión de los procesos judiciales contra sus hijos, acusados de terrorismo tras los acontecimientos electorales de julio de 2024.
La Izquierda Diario informó que durante la manifestación, las mujeres y quienes las acompañaban fueron agredidos por un grupo de civiles que llegaron en motocicletas, portaban armas y objetos contundentes, y sustrajeron pertenencias como teléfonos móviles y documentos de identidad.
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De acuerdo con SurGentes, aquel día la concentración fue interrumpida por un grupo parapolicial integrado por alrededor de setenta personas, señaladas como afines al gobierno.
Días después, el 8 de agosto, Grajales fue interceptada por individuos que se movilizaban en una camioneta gris sin placas, quienes la introdujeron por la fuerza en el vehículo.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU subrayó que su familia y su representante legal deben ser informados sobre su ubicación y situación, e insistió en que se le garanticen todos sus derechos.
La detención de Grajales se produjo en un contexto de elevada tensión política en Venezuela tras la reelección del presidente Nicolás Maduro, proceso calificado como fraudulento por sectores opositores.
Las protestas posteriores han dejado, según cifras oficiales, 28 personas fallecidas, alrededor de doscientas heridas y más de 2.400 detenidas.
De estos últimos, cerca de dos mil han sido liberados, mientras que varios enfrentan cargos de “incitación al odio” y “terrorismo”, delitos que conllevan penas de entre 10 y 30 años de prisión.
Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido declaraciones públicas sobre el caso de Grajales. Entre tanto, su desaparición ha generado una campaña internacional de solidaridad: activistas, defensores de derechos humanos, intelectuales y ciudadanos de más de 25 países han suscrito una petición para exigir su liberación inmediata.
La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció una “escalada represiva” del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela tras un ataque a familiares de presos políticos durante una vigilia pacífica en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, según un comunicado publicado este sábado. El hecho, reconocido por la Defensoría del Pueblo, involucró a un grupo de madres, niños, activistas y defensores que participaban en la protesta para exigir justicia y la liberación de los detenidos por motivos políticos.
De acuerdo con el CLIPP, el martes pasado “fuerzas policiales se retiraron” de los alrededores del TSJ, lo que permitió que “colectivos paramilitares afectos al oficialismo agredieran brutalmente a madres, niños, activistas y defensores” presentes en la vigilia. En su comunicado publicado en la red social X, la organización relató que los manifestantes “fueron reprimidos a golpes, con disparos y bajo insultos de ‘fascistas’ y ‘traidoras de la patria’”, mientras ejercían su derecho a la protesta pacífica.
El CLIPP afirmó que el ataque ocurrió a pesar de la presencia de cámaras de seguridad en las instalaciones del TSJ, cuya directiva no ha emitido ningún pronunciamiento respecto al incidente ni ha “identificado ni procesado” a los responsables de la agresión. La ONG también criticó la falta de postura del Ministerio Público (MP, Fiscalía), lamentando “la ausencia de condena a esta escalada represiva contra víctimas de violaciones de derechos humanos”.
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