Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

La manera en la que algunas personas tienen que sacar varios cadáveres en zonas rurales del departamento de Magdalena ha generado controversia en las redes sociales.

En un video publicado por la cuenta @ColombiaOscura_ en la red social Instagram, se observa cómo varios hombres que circulan en motocicletas tuvieron que recoger y trasladar a dos personas que fueron asesinadas en una vivienda de la vereda Las Canoas, zona rural del municipio de Pivijay.

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Según se escucha en el filme publicado, los familiares y allegados de las víctimas habían advertido a las autoridades para que hicieran las labores correspondientes de criminalística en el lugar del crimen.

Sin embargo, mencionaron que, por temor frente a la situación de seguridad, no asistirían al sitio, por lo que tuvieron que empacar los dos cadáveres en una bolsa blanca y llevarlos hasta el casco urbano del municipio de Magdalena.

“Vean como tienen que sacar uno a los seres queridos de aquí de Pivijay, de Canoas (vereda de Pivijay, Magdalena). Son prueba viviente de lo que se está viviendo aquí en Colombia hoy en día”, expresa un hombre en el video.

Del mismo modo, el familiar de una de las víctimas expresó que “le dimos parte a la Policía de ayer (sábado 9 de agosto). La Policía no procede por miedo, por temor de que los vayan a matar también”.

En el video se observa como los familiares tienen que atravesar una vía en mal estado para que los cuerpos sean recibidos por las autoridades en el casco urbano de Pivijay.

“Son dos. Pero aquí vamos. Todos los muertos que tuvimos que sacar en moto. Barro, trocha, entre llantos, dolores. Pero así es la vida, no se puede hacer más nada”, expresó.

El video generó diferentes reacciones en las redes sociales. Mientras que algunos se mostraron sorprendidos por la forma en la que los cuerpos sin vida son trasladados por esa vía local, otros aprovecharon para criticar las políticas del Gobierno nacional, así como también estuvieron otras opiniones en la que afirmaron que estas imágenes ya se habían visto en otras partes del territorio colombiano.

“Ya Colombia no es ni será potencia mundial en nada... estamos condenados al fracaso”; “Se dieron cuenta de que el agua moja? Esto lleva ocurriendo en el país por décadas”; “Qué tristeza esto nunca lo había visto hasta donde estamos llegando”; “Normalito - En Llorente Nariño Colombia ... Sectores La Playa, El Planchó, Tigre, Sabaneta. Así, Se Los Saca y...”; “Esto lleva pasando hace décadas, ahora como se le da más visibilidad por el internet se sorprenden”, fueron algunos de los comentarios hechos en las redes sociales.

Según informó el defensor de derechos humanos, Lerber Dimas, en su cuenta de X, los cuerpos corresponden a Jaider Ospino y Jeider Mendoza, ambos comerciantes de alevinos y originarios de Plato (Magdalena), que fueron asesinados presuntamente por grupos armados ilegales.

Una situación reiterativa en Magdalena

La situación descrita por el defensor no constituye un hecho aislado, sino que refleja una tendencia creciente en las zonas rurales de Magdalena, donde los homicidios aumentan y la respuesta institucional resulta inexistente.

“Se está volviendo una constante que en el dto. del Magdalena le toque a familiares recoger los muertos sin levantamiento técnico. Las autoridades no van, ¿hay territorios vedados para la Policía o la Fiscalía? Pivijay hoy tiene 21 homicidios más tres sin reporte (24)”, escribió el defensor en su cuenta de X, antes conocido como Twitter.

Por el momento, las autoridades no han emitido pronunciamiento alguno sobre el traslado de cadáveres en esta parte del Caribe colombiano.

El caso de Las Canoas pone en evidencia la desprotección de comunidades enteras frente a la violencia armada y la impunidad. La ausencia de las autoridades no solo vulnera los procedimientos legales, sino que también deja a las familias en una situación de extrema vulnerabilidad, obligadas a enfrentar solas las consecuencias de la criminalidad.

La reiteración de estos episodios evidencia una fractura profunda en la presencia estatal y en la garantía de derechos fundamentales para los habitantes de la región.