Contratistas de la ANT y políticos estarían inscritos como “campesinos necesitados” en busca de tierras en el departamento del Cesar

En medio del creciente escrutinio sobre los procesos de entrega de tierras y relaciones políticas en el Cesar, diversas voces han señalado la urgente necesidad de fortalecer los filtros en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para evitar que prediquen transparencia sin garantizar que las tierras lleguen a quienes realmente las necesitan.

La reciente visibilidad de personajes clave vinculados al petrismo regional y sus conexiones con el alto Gobierno ha despertado inquietudes sobre el uso de instrumentos agrarios en beneficio de una red de contratistas con aspiraciones políticas.

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De acuerdo con una reciente investigación revelada por la revista Cambio, las denuncias iniciales se dieron a conocer a través de las redes sociales de los periodistas locales Katia Ospino y Jacobo Solano. Estas publicaciones se viralizaron y motivaron reacciones oficiales que no convencieron del todo a la opinión pública.

La contradicción entre el secretario de Transparencia, Andrés Idarrága, y el director de la ANT, Felipe Harman, profundizó la inquietud social. El funcionario Idarrága confirmó en Valledupar que las denuncias por presuntas irregularidades “sí tuvieron eco en la Casa de Nariño”, mientras que Harman declaró: “Un parte de tranquilidad sobre unas denuncias tremendamente abusivas” y argumentó que “ningún contratista había sido beneficiado con la entrega de parcelas gratuitas”.

Esto último resultó ser parcialmente cierto, pues los cuestionamientos giran en torno a la inscripción de contratistas y figuras con influencias políticas en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (Reso), mecanismo destinado a campesinos en condición de vulnerabilidad.

El caso más ilustrativo correspondería a Alcides Rafael Araújo Molina, abogado y coordinador de la Unidad de Gestión Territorial en la ANT, quien habría quedado inscrito en el Reso el 31 de octubre de 2023, pese a que para esa fecha ya era contratista de la entidad con ingresos mensuales cercanos a cinco millones de pesos colombianos.

“Hice la solicitud el 16 de enero de 2023, cuando todavía no tenía la mínima idea de hacer parte de la ANT [...] cuando hice la solicitud aún no era declarante de renta y estaba en estado de vulnerabilidad”, señaló el abogado a Cambio.

Sin embargo, su historial laboral indica que desde 2014 ejercía como abogado en firmas del sector privado. El funcionario sumó cinco contratos con la entidad por un valor total de 289 millones de pesos hasta junio de 2025, incluyendo nuevas resoluciones de inscripción en el Reso aprobadas durante 2024.

Otras inscripciones polémicas en la base de datos del Reso involucran a Alvy Luz Ortiz, quien habría recibido aprobación de su registro en marzo de 2025 pese a haber firmado dos contratos con la ANT por 107 millones de pesos entre 2024 y 2025 y presentado vinculación con el Ministerio del Interior y la ONG Corpovida, manejada por Alexandra Pineda y su esposo William Henry Montoya, ambos también inscritos en el Reso y con cargos estratégicos en la región.

Ortiz alegó que su caso podría tratarse de una suplantación: “Cualquiera que se haya dado a la tarea de inscribirme arbitrariamente ante la Agencia les informo: hicieron mal la tarea, ya que soy declarante de renta desde hace más de ocho años”, comentó la Ortiz al diario nacional.

Esta versión es sostenida también por Araújo, pero contrastada por la propia ANT, que exige al menos siete documentos formales para completar el proceso, y no solo el número de cédula, como afirman los contratistas.

Alrededor del círculo de Alexandra Pineda aparecerían inscritos al Reso y con contratos públicos figuras como la abogada Alejandra Navarro y la excandidata Miladys Pino Buelvas, quienes además hacen parte del entorno político conocido por su alineamiento con sectores de Colombia Humana y el Pacto Histórico.

En todos los casos, se observaría una secuencia de inscripciones al Reso seguidas de contratos con la ANT, lo que ha suscitado sospechas sobre el uso instrumental de estas figuras para consolidar una plataforma política alrededor de la reforma agraria.

De otro lado, la Oficina del Inspector de Tierras publicó un comunicado que sostiene que las denuncias están bajo “investigación preliminar”, rechaza la existencia de un “cartel de tierras” y sostiene que ser contratista no elimina automáticamente una condición de vulnerabilidad.

La dimensión política del escándalo incluiría señalamientos sobre un presunto canibalismo dentro del Pacto Histórico en el Cesar y la creciente proyección de Alexandra Pineda como posible candidata al Congreso.

Según el director de la ANT, Harman: “Creo que es un intento por empañar el buen trabajo que se viene haciendo aquí en el departamento del Cesar de Alexandra Pineda, del equipo que ha tenido aquí la confianza del presidente Gustavo Petro”.

A esto se suman versiones recogidas por Cambio de funcionarios y fuentes políticas locales que anticipan una eventual postulación de Pineda a la Cámara de Representantes para 2026, respaldada por su visibilidad desde la ANT y conexiones con relevantes figuras del Gobierno nacional, como Alfredo Saade.