Alejandro Ramelli defendió avances de la JEP en la reparación de víctimas, pese a críticas por demoras: “Hay otras formas de justicia”

No paran las críticas contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en medio de la espera para conocer las primeras dos sentencias que emitirá esa justicia especial después de siete años de investigaciones.

Mientras un fuerte sector de oposición critica los pocos resultados de la JEP, otro importante grupo de víctimas ha señalado no sentirse reparado ante los crímenes cometidos por las extintas Farc y, de paso, por los agentes del Estado que participaron de falsos positivos.

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En medio de las objeciones a esa justicia, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, defendió la labor de esa corporación, además de hacer fuertes advertencias sobre las dificultades en la articulación entre entidades estatales y las instancias de justicia transicional para concretar los proyectos restaurativos contemplados como sanción.

En una entrevista concedida a la revista Cambio, Ramelli aseguró que todavía se requiere mayor compromiso por parte del Gobierno, en especial para la puesta en marcha de los proyectos que permitirán cumplir las sentencias próximas sobre los casos de secuestros de las Farc y ejecuciones extrajudiciales en la región Caribe.

El magistrado reconoció la magnitud del reto enfrentado por la JEP en un proceso que ha implicado la revisión de más de 250.000 delitos cometidos durante 50 años de conflicto, incluidos crímenes de lesa humanidad como secuestro, homicidio, desaparición forzada, torturas y desplazamiento forzado.

Ramelli destacó el logro de 259 máximos responsables imputados y una tasa de conocimiento de los hechos por encima del 90%, además de la entrega digna de 126 cuerpos identificados de personas que habían sido reportadas como desaparecidas, avances que contrastan con los resultados de tribunales internacionales en periodos similares.

“La JEP ha alcanzado, en tiempo récord, un número de imputaciones y reconocimientos sin precedentes; así como la develación de verdades que la justicia ordinaria no logró proveer en décadas. Ello ha permitido superar el negacionismo”, enfatizó el presidente de la JEP al diario nacional.

Sobre la inminente emisión de sentencias, el magistrado Ramelli precisó que la condena excederá el simple delito de secuestro, clasificando legalmente las conductas como crímenes de lesa humanidad y de guerra, en sintonía con estándares internacionales.

“La condena no es por ‘secuestro sin más’: es por el crimen de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad y el crimen de guerra de toma de rehenes, así como otros crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en relación con los secuestros, como homicidio, desaparición forzada, torturas, tratos crueles, violencia sexual, esclavitud y desplazamiento forzado”, explicó el magistrado.

En cuanto a las críticas por la aparente falta de reparación integral a las víctimas y la demora en la imposición de las penas, Ramelli afirmó que la participación de las víctimas constituye un pilar del modelo restaurativo acogido por el Acuerdo de Paz de 2016, e insistió en que nunca antes se había escuchado tan ampliamente sus voces.

“Ahora, es comprensible que, en una sociedad acostumbrada al modelo punitivo, carcelario, cueste aceptar que hay otras formas de justicia que pueden tener mayores y mejores efectos. Por ello, todos, incluidos los medios de comunicación, tenemos una importante labor de difusión informada y de pedagogía sobre los alcances del modelo restaurativo”, señaló.

Las sanciones proyectadas contemplan, entre otras acciones, la búsqueda de personas desaparecidas, la recuperación de memoria histórica, el desminado humanitario y la reforestación en zonas afectadas por el conflicto, dependiendo de la concertación entre los comparecientes, las víctimas, las comunidades y los entes territoriales.

No obstante, el magistrado reconoció que hace falta definir y poner en marcha aspectos técnicos, jurídicos y presupuestales clave, mencionando, por ejemplo, la titularidad de predios donde se levantarán monumentos a la memoria o centros comunitarios.

En respuesta a inquietudes planteadas por organismos internacionales, Ramelli aseveró que las sanciones de la JEP efectivamente incluirán “una restricción efectiva de derechos”, tal como lo exige la ley y el derecho internacional, y destacó la existencia de un sistema de monitoreo para su cumplimiento, señalando además la importancia de renovar el mandato de la Misión de Verificación de Naciones Unidas.

Acerca de las observaciones formuladas por Human Rights Watch y la percepción de doble discurso por parte del antiguo secretariado de las Farc, Ramelli fue enfático en la plena sujeción del tribunal a las garantías procesales y a la exigencia de un reconocimiento de verdad suficiente en términos fácticos, jurídicos y restaurativos.

“El Tribunal evaluará si el reconocimiento y, con este, el aporte a verdad, es suficiente. Para ello debe analizar el reconocimiento desde tres perspectivas. […] Lo contrario sería fragmentar la verdad y, con ello, dar lugar a la impunidad”, continuó.

Frente a la posición de quienes, incluso desde sectores que promovieron el acuerdo —como el expresidente Juan Manuel Santos o el exministro Yesid Reyes—, cuestionan la lentitud o la pertinencia de las sanciones, el presidente de la JEP admitió que el diseño original no consideró plenamente la complejidad de la estructura y los procedimientos requeridos.

“No se consideraron varias complejidades de la estructura y los trámites que se diseñaron y de su puesta en marcha a la luz del principio de centralidad de las víctimas y, con ello, de sus amplias y justificadas demandas de participación y verdad”, expresó al diario nacional.

Ramelli también abordó directamente la comparación mediática y social entre la situación procesal del expresidente Álvaro Uribe y la de los líderes de las Farc, argumentando que se trata de modelos y contextos completamente distintos que no pueden evaluarse bajo los mismos parámetros.

“Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos, […] es una tarea titánica, pero estamos comprometidos en cumplir con nuestro mandato, pues estamos convencidos de que nuestra tarea puede aportar a la superación el conflicto”, concluyó el magistrado.