Procuraduría inhabilitó por nueve años a Natalia Urrego, exsecretaria de Infraestructura de Daniel Quintero

En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por nueve años a Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura de Medellín en 2020, y a Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente general de Metroparques.

La decisión se fundamenta en la ampliación sin justificación legal de un contrato para la conservación de zonas verdes de la ciudad, firmado inicialmente por 5.226 millones de pesos. Este caso se enmarca en una investigación más amplia sobre presuntas irregularidades en contratos públicos durante la administración de Daniel Quintero.

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El contrato original entre la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín y Metroparques fue suscrito el 3 de noviembre de 2020 por un valor de $5.226.291.836, con un plazo de ejecución de tres meses, hasta el 3 de febrero de 2021.

Sin embargo, se amplió sin justificación hasta el 10 de junio de ese mismo año, con el argumento oficial de que la extensión obedecía a las medidas adoptadas para mitigar los efectos del covid-19 por parte de los gobiernos nacional, departamental y municipal.

La Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 1 concluyó que dicha ampliación “desconoció los principios de la función administrativa como el de economía y el de eficacia”. Además, alertó que “la ampliación del plazo, sin justificación razonable, dejó de manifiesto el ánimo de favorecer intereses distintos a los de cumplir los fines del Estado y de la entidad contratante”.

Este comportamiento fue calificado por el Ministerio Público como “falta gravísima cometida con culpa gravísima”, un señalamiento serio que refleja una violación a los deberes de los funcionarios públicos en la gestión de recursos y contratos estatales. El fallo es apelable por los sancionados.

Este caso forma parte de una investigación más amplia que la Fiscalía General de la Nación inició en noviembre de 2023, cuando identificó cuatro casos de presunta corrupción dentro de la Alcaldía de Medellín, involucrando a particulares y exfuncionarios.

Inicialmente, la Fiscalía solicitó la imputación de siete exfuncionarios y seis particulares por irregularidades en la contratación de entidades como Metroparques, Inder, Buen Comienzo y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Con el avance de las indagaciones, la cifra se incrementó a alrededor de 20 personas entre exfuncionarios y contratistas.

Uno de los puntos más críticos fue justamente el contrato de octubre de 2020, suscrito entre la Secretaría de Infraestructura y Metroparques para el manejo de las zonas verdes de Medellín. La Fiscalía General de la Nación señaló que “Metroparques, a través de invitación privada, convocó a tres empresas de un mismo núcleo familiar y escogió entre ellas a la que ejecutaría el contrato”, lo que genera dudas sobre la transparencia y legalidad del proceso.

Por este motivo, se imputaron delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos a Natalia Urrego Arias, Jorge Enrique Liévano y la contratista Luz Eliana Henao Rodríguez.

Adicionalmente, otro contrato cuestionado fue firmado en septiembre de 2020 para garantizar el apoyo logístico en eventos recreativos y deportivos en Medellín. Este contrato, que debía ejecutarse en dos meses, recibió varias adiciones presupuestales que elevaron su valor a 24.205 millones de pesos y se prorrogó hasta julio de 2022.

La Fiscalía imputó cargos a la exdirectora del Inder, Diana Paola Toro Zuleta; Jorge Enrique Liévano, y el representante legal de la empresa contratista CYAN, Mauricio Jaramillo Botero, por delitos similares.

Este caso, junto con otros en investigación, reveló una red de presuntas irregularidades contractuales que afectan la administración pública de Medellín y evidencian la necesidad de mayor vigilancia, transparencia y rigurosidad en la contratación estatal.