Se entregaron a la Fiscalía seis personas relacionadas con César Manrique en investigaciones de corrupción de la Ungrd

El relato de cómo Jorge Aristizábal, uno se los asesores más importantes y cercanos a César Manrique (director de Función Pública e involucrado en el caso de los carrotanques de la Ungrd), habría trasladado tres mil millones de pesos en efectivo desde la sede de una entidad bancaria hasta los baños aledaños para su supuesta entrega a un funcionario clave, como parte de un pago ilícito, refleja la magnitud y la minuciosidad con la que operaba la red de corrupción detectada en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), según las investigaciones de la Fiscalía.

Este episodio es uno entre varios que han salido a la luz en las audiencias recientes, en las que la Fiscalía ha presentado nuevos avances en la investigación de uno de los escándalos más grandes de contratación pública en el último año en Colombia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Según divulgó El Tiempo, en las últimas dos semanas se presentaron ante la Fiscalía seis personas señaladas en este caso, todas con órdenes de captura vigentes. Lo que los une es su presunta participación, junto a César Manrique, en el desvío ilegal de un contrato por 29.000 millones de pesos para la compra de cuarenta carrotanques pequeños.

Estas seis personas serían señaladas y acusadas de delitos como concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos.

Los implicados, identificados como Ana María Riveros, Sonia Romero, Francisco Estupiñán, Óscar Cárdenas, Édgar Echeverry y el mencionado Jorge Aristizábal, habrían desempeñado funciones clave entre octubre de 2023 y abril de 2024, al asegurar la adjudicación de contratos de la Ungrd iniciativa por la que Manrique, actualmente prófugo, habría obtenido beneficios económicos.

En una reciente audiencia, la fiscal María Cristina Patiño detalló el rol de Manrique en la organización: “Sin tener vínculos laborales, contractuales ni funcionales con la Ungrd acordó con Olmedo López el pago de una coima del 7 por ciento del valor de cada uno de los contratos que se tramitarían y celebrarían entre la Ant y la Unidad”.

De los contratos comprometidos, solo se desembolsó el correspondiente a la compra de los carrotanques, favoreciendo a la Fundación Yapurutú. Este grupo, junto a otras personas previamente imputadas, como Édgar Riveros, ya en prisión, han manifestado su inocencia.

Sin embargo, la búsqueda de Manrique continúa, y según información recabada por el mencionado medio, su paradero podría ser Bogotá, aunque en la más reciente audiencia no compareció acompañado de su abogado, lo que añade incertidumbre sobre su localización.

Las personas que decidieron entregarse permanecerán en Bogotá durante el avance de la investigación, según confirmaron las autoridades.

Entre ellas destaca Jorge Aristizábal, considerado uno de los colaboradores más cercanos de Manrique en la Función Pública, donde ejerció como asesor. Por otro lado, Óscar Enrique Cárdenas Angulo, arquitecto y excontratista de la Ungrd, habría estructurado la contratación en La Guajira orientada a beneficiar a empresarios allegados a la red.

La versión de la Fiscalía expone cómo Sonia Rocío Romero, contratista en la Subdirección de Conocimiento de la Ungrd desde 2023, habría suministrado información estratégica para que Edgar Riveros asegurara la adjudicación.

“Desde el comienzo, usted recibía el nombre de la empresa a la que se le adjudicaría el proceso contractual, conforme a lo acordado con Riveros”, subrayó la fiscal en audiencia.

Édgar Echeverry Toro, exconcejal conservador y candidato a la Asamblea del Vaupés, figura también como actor principal al ser el representante legal de la Fundación Yapurutú, mientras que Francisco Estupiñán coordinaba las ventas en esta misma organización.

Un aspecto relevante del expediente judicial corresponde a la participación de familiares y personas del entorno directo de los señalados. Édgar Riveros, abogado y empresario ya capturado, habría involucrado en la operación a su hija, Ana María Riveros, y a su cuñada, Sonia Romero, quienes operaban como contratistas de la Unidad.

La fiscal lo resumió así: “Particulares y contratistas lograron consolidar una organización criminal que tenía como propósito interesarse indebidamente en contratos de la Ungrd, en aras de direccionarlos a los empresarios que estuvieran dispuestos a pagar coimas por su adjudicación, incurriendo en múltiples falsedades públicas y privadas, a fin de viabilizar los desembolsos y apropiarse de los dineros del Estado”.

De esta estructura, Ana María Riveros sobresale por su papel como intermediaria: siguiendo instrucciones de su padre, habría gestionado el retiro y transporte de 3.000 millones en efectivo desde una cuenta bancaria exclusiva de la firma Office Abogados, entregando el dinero en el centro comercial Gran Estación bajo la presunta promesa de destinarlo a César Manrique.