El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar confirmó la condena a 60 años de prisión para Yuberlys Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado por su responsabilidad en el homicidio agravado de una funcionaria de la Registraduría de Gamarra, Cesar, y la tentativa de homicidio agravado de seis personas más, así como por el delito de incendio.
La decisión, emitida el 7 de agosto de 2025, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, ratifica la máxima pena contemplada por la ley penal colombiana para estos delitos.
Los hechos ocurrieron el 28 de octubre de 2023, cuando los implicados ingresaron violentamente a la sede de la entidad en Gamarra durante una manifestación por la afectación de los intereses electorales de un candidato del municipio.
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“Deberán cumplir 60 años de prisión por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, ambas conductas agravadas; e incendio”, dice el comunicado emitido por la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con la investigación, los condenados y otros participantes irrumpieron en el edificio, donde se encontraban varios funcionarios, y le prendieron fuego.
El ataque resultó en la muerte de una funcionaria y dejó a seis personas con quemaduras graves, por lo que el ente acusador presentó las pruebas que demostraban cómo los condenados planearon y ejecutaron el ataque.
El fallo del Tribunal describe que Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlys Bermúdez Rubiano, ocultaron y transportaron gasolina en un coche de bebé hasta la Registraduría. Posteriormente, William Castro Torrado, acompañado de otros dos hombres recibieron el combustible, lo rociaron en el inmueble y le prendieron fuego, ocasionando traumatismos en la comunidad.
El tribunal señaló que: “Las pruebas aportadas por una fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial dan cuenta de que, en medio de una manifestación por una decisión electoral que afectaba los intereses políticos de un candidato específico, varias personas entraron abruptamente a la Registraduría de Gamarra, donde se encontraban varios funcionarios trabajando, y le prendieron fuego”.
La sentencia de primera instancia fue dictada en mayo de 2025 por una juez penal especializada de Valledupar, que halló responsables a los tres acusados por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado e incendio.
El Tribunal Superior de Cesar, al revisar el caso en segunda instancia, ratificó la condena y la responsabilidad de los implicados.
El fallo hace énfasis en la gravedad de los hechos y la participación directa de los condenados, destacando la afectación que provocó para la familia de la funcionaria fallecida, además, de los inconvenientes que dejó a los otros afectados: “Esta acción ocasionó la muerte a una servidora y generó quemaduras de gravedad a otras seis personas”, cita el comunicado del ente acusador.
El proceso judicial no registró opiniones disidentes entre los magistrados del alto tribunal. La decisión se fundamentó en la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía, que incluyeron testimonios, registros de video y peritajes sobre el origen y propagación del incendio.
Adicionalmente, la sala consideró que la conducta de los acusados fue premeditada y dirigida a causar daño a los funcionarios de la Registraduría, en el contexto de una protesta por motivos políticos.
La confirmación de la condena a 60 años de prisión para Yuberlys Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado representa la aplicación de la máxima sanción penal en Colombia para delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado, en concurso con incendio.
La decisión afecta directamente a los condenados y envía un mensaje contundente sobre la respuesta judicial ante la participación en hechos violentos que atentan contra la vida y la integridad de servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, sentando un presente para futuros actos de este tipo que se cometan en situaciones similares.
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