El Ministerio de Trabajo de Colombia rechazó las presuntas presiones ejercidas sobre trabajadores para que participen en la marcha convocada este 7 de agosto en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, luego de que se conocieran denuncias sobre supuestas órdenes de empresas y sectores políticos que buscarían obligar a empleados a manifestarse.
La movilización fue organizada tras la condena en primera instancia contra Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
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A través de un comunicado divulgado este miércoles, la cartera laboral subrayó que cualquier imposición para asistir a la protesta representa una vulneración de los derechos laborales. En el texto, el Ministerio dejó claro que la participación en movilizaciones sociales debe ser absolutamente voluntaria y nunca producto de presiones empresariales, políticas o de cualquier otra índole.
En la comunicación, el MinTrabajo expresó:
“Este Ministerio adelanta investigaciones y llama a la denuncia a las empresas que estén presionando y amenazando a sus trabajadores”.
Además, la entidad recordó que la protesta social y la libertad de expresión constituyen derechos fundamentales, siempre que su ejercicio se realice de manera pacífica y sin afectar la libertad de quienes deseen o no deseen movilizarse.
El comunicado enfatiza que tanto hombres como mujeres trabajadoras en Colombia cuentan con la protección de la Constitución y de la ley ante cualquier intento de coacción política o religiosa relacionada con su decisión de manifestarse.
Inspección y vigilancia a empresas
Ante las denuncias, el Ministerio de Trabajo anunció el inicio de acciones inmediatas de inspección, vigilancia y control a las empresas de las que se tenga conocimiento de supuestos casos de amenazas o violación de la normativa laboral, en relación con los hechos denunciados.
La cartera dirigida por Antonio Sanguino instó especialmente a los trabajadores a interponer denuncias ante las autoridades competentes si llegan a enfrentar cualquier tipo de presión. Asimismo, reiteró el llamado al rechazo de cualquier caso de vulneración de derechos laborales en el marco de acciones políticas o movilizaciones sociales.
Marco legal y protección a los trabajadores
El comunicado hace referencia directa al artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo (CST), que prohíbe expresamente las imposiciones sobre trabajadores en temas de índole política o religiosa, subrayando que la libertad política de los empleados debe ser respetada por las empresas en todo momento.
Además, el ministerio reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores y recordó que cualquier vulneración será objeto de procesos sancionatorios y correctivos.
Contexto de la polémica
La controversia surge luego de la convocatoria de una marcha nacional en respaldo a Álvaro Uribe, impulsada principalmente por sectores de oposición ligados al Centro Democrático. El expresidente fue condenado en primera instancia por fraude procesal y soborno a testigos, lo que generó una respuesta de movilización por parte de sus seguidores, quienes buscan expresar su inconformidad con la decisión judicial.
Luego de que se conocieran denuncias sobre presuntas presiones para forzar la asistencia de trabajadores a la marcha, surgieron nuevos cuestionamientos hacia el Gobierno Nacional por parte de algunos sectores.
En particular, el representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, acusó al Ministerio de Trabajo de intimidar a empresarios que han invitado a empleados a participar en la manifestación.
Cadavid expresó en su cuenta de X que funcionarios del Ministerio habrían visitado empresas en Antioquia para advertir sobre posibles sanciones o cierres temporales, en caso de ejecutar convocatorias internas a favor de la protesta.
El congresista anunció que adelantará acciones legales contra la cartera de Trabajo y lanzó duras críticas al presidente Gustavo Petro, a quien señaló de estar detrás de dichas acciones, comparándolo incluso con regímenes autoritarios del pasado.
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