Marcha en apoyo a Álvaro Uribe en Cali quedó manchada por fuerte riña que protagonizaron algunos manifestantes

En la jornada del jueves 7 de agosto, miles de seguidores del expresidente colombiano salieron a manifestarse en contra de la sentencia que recibió por parte de la jueza Sandra Heredia

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Riña en medio de marcha en Cali- crédito @ColombiaOscura/X

Mientras la movilización de apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez se desarrollaba en el centro de Cali, la confrontación entre un reducido grupo de opositores y manifestantes elevó la tensión de una jornada que en otros lugares transcurrió sin incidentes relevantes.

Según la Policía Metropolitana de Cali, la intervención de los uniformados fue “de manera oportuna” y evitó que el altercado alcanzara consecuencias mayores, permitiendo que la jornada concluyera con normalidad en el orden público y la movilidad pasada la media jornada.

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Según explicaron en El Tiempo, el incidente se registró en la calle 5 con carrera 7, donde seis personas ajenas a la marcha exhibieron una pancarta con el mensaje “Uribe Culpable”. Estos ciudadanos increparon a quienes participaban en la movilización, desatando una serie de empujones y golpes que duraron más de cinco minutos hasta la intervención policial.

“Varios manifestantes tratan de cubrir la pancarta, mientras otros forcejean con los portadores del mensaje. Algunos terminaron en el suelo y al menos una persona fue golpeada en la cabeza”, detallaron desde el mismo medio.

Las autoridades no reportaron heridos de gravedad ni realizaron capturas tras el enfrentamiento. Tanto los organizadores de la marcha en Cali como las autoridades locales no han emitido declaraciones públicas respecto al hecho.

La riña se extendió por
La riña se extendió por algunos minutos- crédito @ElNicheDeX/X

Este enfrentamiento sobresalió como uno de los pocos episodios de violencia durante las actividades convocadas en Colombia y en el exterior por el partido Centro Democrático. El contexto de estas movilizaciones es la reciente sentencia en primera instancia que impone al expresidente Álvaro Uribe una pena de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

La defensa de Uribe mantiene su postura de inocencia y ha manifestado inconformidad con la valoración de las pruebas por parte de la Fiscalía.

Las autoridades llegaron al lugar
Las autoridades llegaron al lugar de los hechos para calmar la situación- crédito Juan David Duque/ REUTERS

En contraste con los hechos en Cali, las marchas en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y otras ciudades transcurrieron en calma. Los simpatizantes de Uribe participaron vestidos con camisetas blancas, portando banderas del país y pancartas que solicitaban “Justicia para Uribe” y proclamaban “Uribe Inocente”.

La jornada no alteró la cotidianidad en la mayoría de los centros urbanos, manteniéndose la normalidad y sin alteraciones significativas reportadas por la autoridad hasta el cierre de la circulación.

Se registraron marchas en favor
Se registraron marchas en favor del expresidente Uribe en diferentes ciudades del país- crédito Juan David Duque/ REUTERS

Cómo fue el juicio en el que el expresidente Uribe fue condenado

En primera instancia, el proceso judicial se extendió durante más de una década, con investigaciones iniciadas tras denuncias del senador Iván Cepeda y un debate congresional sobre supuestos vínculos de Uribe con grupos paramilitares.

En febrero de 2024, la Fiscalía formuló formalmente cargos contra Uribe por presunto soborno en actuación penal, fraude procesal y soborno simple, a raíz de interceptaciones telefónicas, grabaciones y testimonios de exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve, así como pruebas que lo vinculan a maniobras para manipular testigos mediante su abogado Diego Cadena.

El 28 de julio de 2025, ante la jueza 44 del circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, leyó el fallo de primera instancia: Uribe fue declarado culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal —pero absuelto del cargo de soborno simple—, con base en pruebas como interceptaciones, grabaciones con relojes espía y testimonios considerados creíbles, mientras que los de la defensa fueron desestimados como inconsistentes.

El 1 de agosto, la sentencia impuso una pena de 12 años de prisión domiciliaria, una multa de aproximadamente 2.400 salarios mínimos, inhabilitación para ejercer funciones públicas por ocho años y una sanción económica cercana a los 776.000 USD. La jueza justificó la prisión domiciliaria debido al alto perfil del condenado y al riesgo de fuga.

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