Luego de 20 días de confinamiento que afectó a más de 7.000 habitantes, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció el levantamiento del paro armado impuesto por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sur del departamento.
La medida había restringido la movilidad y ocasionado un severo desabastecimiento en varios municipios y corregimientos.
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El mandatario regional difundió el anuncio a través de su cuenta oficial en X, donde aseguró que las ayudas humanitarias continúan: “Se levanta el paro armado en el sur de Bolívar, nuestras ayudas siguen en camino. No están solos, Colombia entera está con nosotros”.
Pese a este pronunciamiento, el ELN habría publicado un comunicado en el que indicó que el cierre de vías se mantendría hasta el 7 de agosto de 2025, con levantamiento oficial previsto para las 6:00 p. m.
“Escuchando la voz de la población este cierre de vías será levantado por las unidades del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro a partir de las 18:00 horas del día 7 de agosto de 2025 (sic)”, habría escrito el grupo armado.
En el documento, el grupo armado responsabilizó al “Estado y a poderes económicos, legales y mafiosos”, del deterioro humanitario y de la “expansión paramilitar en la región”, acciones, que aseguraron, afectan gravemente a la población raizal y promueven el despojo territorial para favorecer la minería a gran escala.
“Llamamos la atención de los colombianos y colombianas sobre el recrudecimiento de la crisis humanitaria generada por la campaña de desierto y despojo liderada por los poderes económicos legales y mafiosos, respaldados por el Estado, iniciada en el año 2019 y recrudecida a partir de 2023, empleando una estrategia de guerra donde las Fuerzas Militares y de Policía conviven y actúan con el paramilitarismo”, complementó el supuesto comunicado.
En el mensaje, el ELN mencionó que tanto Fuerzas Militares como la Policía “conviven y actúan con el paramilitarismo”, lo que facilitaría un control territorial violento a favor de intereses extractivos.
En el texto, el ELN también denunció supuestos asesinatos de líderes sociales, chantaje, compra y manipulación de conciencias, y el silenciamiento de quienes se oponen a la expansión de cultivos ilícitos y la minería mecanizada.
El grupo sostiene que el objetivo último de este “copamiento territorial paramilitar” es “el desierto y despojo de la población raizal”, es decir, el desplazamiento forzado de comunidades para dar paso a grandes proyectos mineros.
El ELN explicó que el cierre de vías decretado el 25 de julio fue una medida temporal en zonas de Santa Rosa y Montecristo como reacción a la crisis. Agradecieron el papel de mediadores de las iglesias y organizaciones sociales, así como la gestión humanitaria de las autoridades locales.
Habitantes de dos veredas fueron desplazados forzosamente a raíz del paro armado
Durante el paro, dos veredas del sur de Bolívar experimentaron desplazamientos forzados.
Al menos 150 habitantes de Tierra Nueva y Los Robles, sector de Villaflor, llegaron hasta Santa Rosa del Sur en busca de refugio, debido a los combates entre el ELN y el Clan del Golfo. La mayoría son mineros que estuvieron confinados más de tres semanas sin acceso a alimentos ni suministros básicos.
El alcalde de Santa Rosa del Sur, Milton Olaya, reportó que los mineros, especialmente en sectores como Canelos, Mina Walter y Mina Fortuna, tuvieron que huir a pie por la falta de víveres.
Cadáver de presunto integrante del Clan del Golfo estuvo en la intemperie por más de 24 horas
Durante el periodo de paro, se observó la presencia del cadáver de un joven. El hallazgo del cuerpo de Samir Puello, cartagenero encontrado el 31 de julio en el corregimiento de Fátima, vía a San Eduardo, permaneció a la intemperie por más de 24 horas, ante la imposibilidad de acceso de Medicina Legal.
Fuentes locales indican que Puello habría muerto en un enfrentamiento armado. Según testimonios recogidos por medios de la región, el joven habría pertenecido al Clan del Golfo, organización que mantiene una disputa territorial con el ELN.
Además, alertaron sobre el reclutamiento de jóvenes provenientes de barrios de Cartagena y otros municipios de Bolívar para integrarlos a los grupos armados ilegales que operan en la zona.
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