A Petro lo habían alertado de la corrupción en la Ungrd desde diciembre de 2023, según los testimonios ante la Corte Suprema de Justicia

La crisis por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) suma nuevos y graves elementos.

Un expediente de cerca de seiscientas páginas, elaborado por el magistrado Misael Rodríguez, de la Corte Suprema de Justicia, expone pruebas y testimonios que comprometen a cinco congresistas y a altos funcionarios del Gobierno.

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Según esa investigación, el presidente Gustavo Petro fue advertido sobre prácticas irregulares y el uso de cupos indicativos en diciembre de 2023, sin que se adoptaran medidas inmediatas para frenar el desvío de recursos públicos.

En la ponencia revelada por El Tiempo, la exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, describe cómo el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, presentó en un consejo de ministros una directriz para que los integrantes del gabinete “adoptaran” un congresista con el fin de acomodar votos a favor de las reformas sociales del Gobierno.

Ortiz señaló que este mecanismo formaba parte de una política admitida y gestionada desde el alto nivel Ejecutivo, orientada a obtener respaldo legislativo.

El magistrado Rodríguez solicita en su ponencia la detención preventiva de los congresistas Juan Pablo Gallo, Julián Peinado, Liliana Bitar, Wadith Manzur y Karen Manrique, tras recopilar pruebas de sus supuestos vínculos con la manipulación de recursos públicos mediante el desvío y direccionamiento de partidas presupuestales hacia entidades de fachada o proyectos que beneficiarían a contratistas cercanos y, por esa vía, a los mismos legisladores.

Uno de los testimonios más contundentes es el de Luis Carlos Reyes, exministro de Comercio y exdirector de la Dian, que declaró ante la Corte sobre el funcionamiento de los denominados cupos indicativos y los mecanismos de reparto y direccionamiento de recursos estatales.

Reyes afirmó que el 18 de diciembre de 2023, durante un consejo de ministros, informó al presidente Petro sobre la existencia de estas prácticas dentro del Ministerio de Hacienda, liderado por Ricardo Bonilla.

De acuerdo con Reyes, la denuncia no fue bien recibida por algunos ministros, especialmente por la exconsejera Sandra Ortiz, que —según su relato— lo increpó y le advirtió que “ese tipo de cosas no se puede decir en voz alta”.

También relató cómo se transfirieron 200.000 millones de pesos de la Dian a la Ungrd en 2023 justificando la “falta de cooperación” de ciertos congresistas, como parte de la estrategia para asegurar la aprobación de proyectos oficiales en el Legislativo.

Reyes mencionó a Andrea Carolina Riveros como la persona encargada de ejecutar el esquema de repartos presupuestales dentro de Hacienda. Expuso que los congresistas realizaban solicitudes para modificar partidas con el propósito de dirigir contratos públicos hacia entidades aliadas, lo que se reflejaba en beneficio propio y de terceros al interior del Congreso.

La versión de Reyes fue respaldada por María Fernanda Valdés, exviceministra técnica del Ministerio de Hacienda, que señaló que la única referencia a cupos indicativos en el alto Gobierno provino de Reyes y sus advertencias sobre el posible desvío de recursos.

Por su parte, Ricardo Bonilla y Diego Guevara —viceministro y su sucesor— alegaron desconocer detalles de reuniones con congresistas para la asignación de estos recursos.

Bonilla incluso calificó de “teléfono roto” a su exasesora y principal testigo María Alejandra Benavides, negando la existencia de los cupos. Velasco, igualmente salpicado, declaró no recordar los hechos y minimizó la relevancia de Benavides.

En una declaración bajo juramento el 6 de febrero de 2025, el presidente Petro afirmó que Bonilla únicamente le informó sobre dificultades generales, “pero nunca de presiones particulares”, tomando distancia de la defensa que brindó meses antes a su entonces ministro de Hacienda.

El expediente anexa conversaciones de chat entre Benavides y legisladores como Wadith Manzur y Liliana Bitar, así como correspondencia directa con el propio Bonilla y el entonces viceministro Guevara.

El contenido de estos mensajes coordina encuentros y desayunos con miembros de las comisiones económicas del Congreso, señalando puntualmente reuniones el 4 de octubre y el 31 de octubre de 2023.

Los registros oficiales y videos de seguridad dan cuenta de los ingresos de los participantes a la sede de La Giralda, del Ministerio del Interior, y a la oficina de Hacienda.

Benavides informó en uno de sus chats instrucciones directas de Bonilla para atender y entablar acuerdos con la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (Cicp). La Sala destacó que, tras el desayuno del 4 de octubre, se intentó consolidar un espacio para negociar con funcionarios y congresistas, y que la contrapropuesta de Bonilla a los miembros de la Cicp buscaba garantizar el apoyo político a cambio de recursos o proyectos asignados.

En el expediente también se evidencia el involucramiento activo de otros funcionarios, como Diana Carolina Joya, secretaria privada de Olmedo López, y las visitas frecuentes de la congresista Karen Manrique, así como múltiples llamadas y reuniones en las que se alertaba internamente sobre riesgos en la aprobación de créditos de la Nación.

El senador liberal Mauricio Gómez Amín habría facilitado un acercamiento crucial entre sus colegas y el ministro Bonilla, poniendo incluso su oficina para reuniones que finalmente se realizaron en sedes oficiales. Los chats demuestran la insistencia de los congresistas por obtener respuestas y contrapropuestas a cambio de su respaldo en la comisión.

A pesar de la solicitud de medida de aseguramiento, la Procuraduría se opuso a enviar a prisión a los congresistas, aunque reconoció que existen indicios razonables de hechos punibles. En la ponencia se destaca la responsabilidad de Velasco como impulsor inicial del plan para corromper a los miembros de las comisiones económicas.

En paralelo, altos funcionarios como Carlos Ramón González y César Manrique permanecen prófugos en medio de la investigación, señalados por coordinar desde la cúpula estatal los movimientos de recursos y negociaciones irregulares.

Las pruebas descritas por la Sala de Instrucción, que incluyen mensajes, registros de ingreso y grabaciones, refuerzan la hipótesis de un entramado desde las más altas esferas políticas para manipular la destinación de presupuesto público a través de alianzas con congresistas.