La Contraloría General de la República reveló un hallazgo preocupante en materia de contratación pública.
A través del nuevo modelo predictivo desarrollado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), la entidad detectó irregularidades en 718 contratos en ejecución suscritos por responsables fiscales inhabilitados, situación que compromete tanto la transparencia como la legalidad del uso de recursos públicos.
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Este hallazgo fue posible gracias a un cruce de información entre las bases de datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop I y II) y el Sistema de Información de Boletines de Responsabilidad Fiscal (Sibor).
El análisis abarcó el período comprendido entre el 7 de agosto de 2022 y el 31 de mayo de 2025, y consideró tanto los contratos firmados en ese lapso como aquellos cuya ejecución seguía vigente a la fecha de corte.
El análisis y sus hallazgos
El ejercicio consistió en relacionar personas naturales y jurídicas que registraban fallos de responsabilidad fiscal en el Sibor —incluyendo número de fallo, boletín, proceso e identificación— y verificar si, en el momento de la firma de los contratos, estas personas tenían inhabilidades vigentes o en curso. Este cruce de información permitió identificar patrones y detectar posibles omisiones en los controles previos al momento de adjudicar los contratos.
Los resultados fueron contundentes:
- 30 contratos en ejecución suscritos por 24 responsables fiscales, con un valor agregado de $20.247 millones.
- 688 contratos suscritos por 287 contratistas, con un valor total de $737.871 millones, en los que los firmantes estaban inhabilitados al momento de la suscripción. En estos casos se evidenció que algunos contratistas resarcieron su obligación fiscal posteriormente o que la ejecución de los contratos finalizó antes de su exclusión del boletín Sibor.
Un aspecto adicional es que dos contratistas reincidentes ya habían aparecido en alertas anteriores emitidas por la Contraloría. Se trata de:
- Caja de Compensación Familiar del Caquetá, que suscribió un contrato con la Fiscalía General de la Nación – Regional Centrosur por $159.977.528.
- Caja de Compensación Familiar de Cartagena y Bolívar – Comfamiliar, que firmó un contrato con la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena por $47.949.700.
Estos casos no solo evidencian falencias en los filtros de las entidades contratantes, también reflejan la importancia de contar con herramientas que permitan la detección temprana de anomalías en los procesos de contratación pública.
Acciones de la Contraloría
Frente a estos hallazgos, la Contraloría General anunció que emitirá las alertas correspondientes y continuará con su labor de control fiscal concomitante y preventivo para advertir posibles riesgos en la contratación pública. Según la entidad, el objetivo es promover el cumplimiento del régimen de inhabilidades y proteger los recursos del Estado, evitando que contratistas con antecedentes fiscales comprometan la ejecución de proyectos públicos.
La estrategia de la Diari no solo se limita a identificar irregularidades, también facilita el seguimiento en tiempo real de los contratos, generando alertas que pueden ser atendidas antes de que se materialicen daños al erario. Con esta metodología predictiva, la Contraloría busca cerrar los vacíos que históricamente han permitido que responsables fiscales inhabilitados participen en procesos contractuales sin los controles adecuados.
Los resultados obtenidos serán puestos en conocimiento de las entidades competentes, quienes deberán adelantar las acciones necesarias en el marco de sus atribuciones legales. Estas pueden incluir investigaciones administrativas, sanciones o la revisión de los procesos de adjudicación para determinar si hubo omisiones por parte de los funcionarios responsables.
Este hallazgo marca un precedente en la detección temprana de irregularidades contractuales mediante el uso de herramientas tecnológicas y el análisis de grandes volúmenes de datos. De esta manera, la Contraloría refuerza su papel preventivo en la vigilancia del gasto público, en un contexto en el que la ciudadanía exige mayor rendición de cuentas y eficiencia en el uso de los recursos del Estado.
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