El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, hoy condenado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, se pronunció el martes 5 de agosto de 2025 luego de que el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Ramiro Riaño Riaño se declaró impedido para conocer y resolver una acción de tutela presentada por su defensa.
Con el mecanismo judicial, el exmandatario busca conseguir su libertad mientras se resuelve su situación jurídica en segunda instancia, puesto que la jueza Sandra Liliana Heredia ordenó su detención domiciliaria inmediata tras dar a conocer la sentencia condenatoria.
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El magistrado en cuestión alegó dos causales que lo llevan a apartarse del caso; una de ellas tiene que ver con el nombramiento como fiscal local de Zipaquirá de su compañera sentimental, Luz Adriana Gutiérrez Mejía, por parte del ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre, reconocido como víctima en el proceso penal contra el ex jefe de Estado. Para entonces (2013), el titular de la cartera fungía como fiscal General de la Nación. “La sala, sin él, tendrá que definir el fondo de esta tutela”, indicó Uribe al respecto.
Luego, expuso un listado de magistrados y fiscales que intervinieron en su caso y que, a su juicio, debieron hacer lo mismo que hizo el magistrado Riaño: declararse impedidos para conocer el proceso y tomar decisiones al respecto.
Quejas de Uribe contra fiscales y magistrados
Entre las personas que mencionó está la fiscal Marlene Orjuela, que estuvo al frente de la investigación durante el juicio oral, después de la acusación, y que pidió su condena. Según explicó, la funcionaria fue nombrada en el cargo por Montealegre, lo que implicaría un conflicto de intereses teniendo en cuenta la calidad de víctima del ministro.
En su lista incluyó también al magistrado César Reyes, que, de acuerdo con sus declaraciones, debió dar un paso al costado y no tomar ninguna determinación sobre el proceso penal que se surtía en su contra. “Hace cinco años ordenó mi encarcelamiento, se debió declarar impedido y no lo hizo”, aseguró.
Dicho impedimento debió efectuarse, toda vez que el togado fue compañero de trabajo de la esposa del senador Iván Cepeda, declarado víctima en el caso, y fue contratista del Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos durante el proceso de paz que se adelantó con las extintas Farc-EP, al cual se opuso Álvaro Uribe.
Por otro lado, al igual que pasó con la fiscal Orjuela, el fiscal Gilberto Villarreal fue designado en dos cargos dentro del ente investigador por decisión del exfiscal y actual ministro Montealegre. El fiscal fue el responsable de acusar a Uribe formalmente por tres delitos, de los cuales dos prosperaron y derivaron en la condena.
Según explicó, Villarreal fue nombrado director de Fiscalías de San Gil en Santander y tiempo después fue promovido como delegado de la Fiscalía ante la Sala Penal del Tribunal de Bucaramanga.
“Imaginen esa cercanía con Eduardo Montealegre, que lo había nombrado y el señor no se declara impedido. Lo recusamos, una recusación tarde, porque le permitieron que presentara la acusación y lo trasladaron. Y después dijeron que ya era un hecho superado. Sí, a él lo trasladaron, pero me dejaron acusado. No sanearon la acusación”, detalló.
También mencionó a la magistrada Cristina Lombana para ejemplificar el caso contrario: fue recusada al inicio del proceso, pese a que, presuntamente, el expresidente no tuvo cercanía alguna con ella. El argumento que se utilizó entonces para apartarla del caso fue que la funcionaria judicial hizo parte del Ejército durante el Gobierno de Uribe (2002-2010).
“Nunca nos conocimos, ella en el Ejército y yo en el ejercicio presidencial, ni tuvimos relación directa. El Consejo de Estado, en un recurso, confirmó esa recusación. Dijo que la circunstancia de estar en el Ejército y haber sido yo presidente en esa época violaba lo que se llama la imparcialidad objetiva. Esto es, así no nos conociéramos, no tuviéramos unas relaciones de familia, de negocios, una gran amistad”, indicó el expresidente.
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