Más de 7.000 personas confinadas por disputa por el oro en Bolívar, según la Gobernación del departamento

Las comunidades rurales de varios municipios del sur del departamento de Bolívar enfrentan una situación crítica de confinamiento debido a enfrentamientos armados entre estructuras ilegales que buscan el control de la explotación de oro en la Serranía de San Lucas.

Así lo afirmó Manuel Berrio, secretario de Seguridad de Bolívar, al describir un conflicto que ya ha afectado directamente a miles de personas en conversaciones con El Tiempo.

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El funcionario indicó que las confrontaciones entre grupos como el Eln, disidencias de las Farc y el Clan del Golfo han provocado que al menos 7.000 personas permanezcan aisladas en sus territorios.

“En Montecristo tenemos más de 5.000 personas confinadas en este momento, y aproximadamente 1.200 estudiantes que hace 10 días no están recibiendo clases. Y en Montecristo tenemos 2.000 familias más confinadas, y aproximadamente 500 estudiantes que tampoco están recibiendo clases, los docentes ya habían dicho que iban a salir del territorio primero porque no tenían que comer y segundo por el temor”.

Según el diagnóstico del gobierno departamental, la actividad minera ilegal ha transformado la dinámica del conflicto. “Las estructuras armadas se han dado cuenta que mientras en el narcotráfico todo el proceso es ilegal: desde el cultivo, cosecha, fabricación, producción, transporte y venta, todo el proceso es ilegal; en el oro no”, explicó Berrio.

Añadió a ese medio que esta situación ha permitido a los grupos financiarse con la comercialización del mineral en mercados internacionales sin mayores restricciones.

Entre las zonas más impactadas se encuentran las veredas Marizosa, Buena Vista, Canelos y Alto de las Brisas en Santa Rosa, y La Pradera y Mina Cañón en Montecristo. Allí, los habitantes enfrentan restricciones a su movilidad y dificultades para acceder a servicios básicos.

El funcionario reveló detalles sobre cómo operan estas organizaciones: “Sí, la violencia es por el oro, porque tienen el material en la mano, se hacen una cadena, cogen un avión, se van a Dubái, y venden esa cadena en millones de dólares. Así que el negocio de estas estructuras criminales es vender oro extraído de manera ilegal en el sur de Bolívar pero a precios internacionales en Dubái, y sin ningún tipo de restricción”.

De acuerdo con inteligencia militar y policial, se estima que cerca de 100 toneladas de oro están siendo extraídas anualmente en zonas como la Serranía de San Lucas y el área de Guamuco. Esta producción tiene un valor de mercado considerable, lo que ha incrementado el interés de las organizaciones criminales por estos territorios.

Una particularidad del conflicto en esta región es que algunas de estas estructuras han optado por alianzas temporales. “En esta región, el ELN y las Disidencias de las FARC se unieron en una sola estructura para combatir al Clan del Golfo. Ellos se unieron por el control de la minería ilegal”, afirmó Berrio, contrastando con otras zonas del país como Catatumbo, donde estos mismos grupos enfrentan disputas entre sí por el control de los cultivos ilícitos.

El gobierno de Bolívar ha intentado contener la expansión de estas estructuras. “Hicimos una operación importante el año pasado en donde capturamos 26 cabecillas. Lo complicado de todo esto es que estos cabecillas son reemplazados inmediatamente una vez son capturados”, sostuvo Berrio. También informó que el número de hombres en armas se ha multiplicado en los últimos años, pasando de 400 a cerca de 2.800 integrantes, distribuidos entre los tres grupos armados.

Una situación preocupante adicional es el secuestro de líderes sociales. “El líder social que está ahora mismo secuestrado es Luis Eduardo Bohórquez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Marizosa y cofundador del corregimiento. Sabemos que se encuentra retenido por el ELN y al parecer le están haciendo un juicio político por algunas actuaciones que él tuvo”, indicó el secretario.

A pesar de que se han desplegado refuerzos militares en la zona —incluyendo el envío reciente de diez pelotones, aproximadamente 300 soldados— la fuerza pública aún enfrenta dificultades frente al número de hombres armados en la región. “Frente a 600 hombres, que es el reconocimiento que hemos tenido por parte de la comunidad, que pueden operar en esa zona contra los grupos armados”, precisó Berrio.

El secretario de Seguridad también denunció la existencia de minas antipersona instaladas cerca de zonas escolares y el uso de drones con explosivos. “Ya llevamos cuatro ataques con drones bombas. Los últimos dejaron un soldado muerto y seis heridos”, reportó.

Finalmente, Berrio cuestionó el papel del Departamento de Control de Armas y Explosivos adscrito al Ministerio de Defensa, señalando presuntos actos irregulares en sus procedimientos. “Aquí el llamado del gobierno más departamentales es a que sean responsables con Bolívar y vengan a hacer su trabajo y que permitan que Bolívar sea un territorio de paz”.