Autoridades revelaron identidad de la mujer arrollada por el tren de Cerrejón en La Guajira: no era menor de edad como se dijo

Dos días después que el tren del Cerrejón arrollara accidentalmente a una joven en el municipio de Uribia, en La Guajira, finalmente se conoció la identidad de la víctima fatal.

En un principio, testigos del hecho narraron que se trató de una joven de apenas 17 años que se movilizaba en burro hacia su vivienda con agua potable para su comunidad.

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Sin embargo, en la mañana del martes 5 de agosto, las autoridades del departamento indicaron que la mujer fallecida respondía al nombre de Raquelina Paz Epiayú, una wayúu de 27 años.

Según información conocida por El Tiempo, la mujer era madre de tres hijos, uno de ellos de apenas seis meses de edad. La joven fue identificada por las autoridades poco después del siniestro, contradictoriamente a versiones iniciales que indicaban la posible muerte de una menor de edad.

Asimismo, se conocieron nuevos detalles que manejan las autoridades sobre los motivos del trágico desenlace. Las primeras indagaciones señalan que Raquelina Paz Epiayú trató de cruzar la vía férrea a lomo de burro, pero el animal, asustado por el ruido y las vibraciones del tren que avanzaba, se detuvo.

Ante la negativa del animal, la mujer habría intentado bajarse rápidamente para auxiliarlo y alejarlo de las vías, pero tanto ella como el animal fueron alcanzados por la locomotora, que no logró frenar por la velocidad a la que transitaba.

Lo que dijo Cerrejón sobre el accidente

En su comunicación oficial tras el accidente, Cerrejón lamentó informar que el suceso ocurrido a las 4:15 p. m. del 3 de agosto en el kilómetro 93+360 de la línea férrea dejó como saldo la muerte de una mujer de la etnia wayuu, miembro de la comunidad Ouspa. La empresa expresó sus condolencias y afirmó que coopera con las autoridades para esclarecer las circunstancias del hecho.

El trágico episodio tuvo lugar en la zona rural de Uribia, sobre la vía del tren que conecta con Puerto Bolívar, cuando la joven que transitaba montada en un burro para transportar agua a su comunidad murió al ser embestida por el ferrocarril.

Testigos relataron a las autoridades que la práctica de cruzar la línea férrea en estas condiciones responde a la necesidad de suplir la falta de acceso a servicios básicos, en particular al agua, que marca el día a día de las comunidades indígenas en La Guajira.

Según la declaración de la empresa, “a las 4:15 p.m. horas del día de hoy domingo 3 de agosto de 2025, se presentó un accidente con el tren que se desplazaba rumbo Puerto Bolívar, en el que fallece una persona perteneciente a la etnia wayuu, miembro de la comunidad de Ouspa, ubicada cerca al sitio del accidente, en zona rural del municipio de Uribia”. Cerrejón aseguró que mantiene abiertas las instancias de colaboración con la comunidad y las autoridades en el marco de la investigación.

El siniestro motivó la presencia de las autoridades en el lugar, quienes iniciaron las averiguaciones destinadas a esclarecer cómo ocurrió el choque y si fue consecuencia de fallos en los protocolos de seguridad o falta de señalización adecuada en el cruce ferroviario.

La situación ha causado consternación en la comunidad Ouspa y reavivó el debate en torno a la protección de los derechos y la vida de los pueblos indígenas frente al desarrollo de la industria minera y sus infraestructuras.

La muerte de la adolescente pone en evidencia las profundas carencias estructurales que afectan a las comunidades indígenas de la región. La necesidad de recorrer grandes distancias en busca de agua expone a los habitantes a riesgos crecientes, en particular por la proximidad y operación de grandes infraestructuras industriales como la del tren minero.

Sobre este telón de fondo, la Corte Constitucional ha reiterado la gravedad de la situación que enfrenta la niñez wayúu para acceder al agua en La Guajira.

En su auto más reciente, emitido el 3 de julio de 2025, la Sala Especial de Seguimiento concluyó que, tras más de siete años de la Sentencia T-302 de 2017, las órdenes judiciales para garantizar este derecho solo han alcanzado un “cumplimiento bajo”, lo que refleja la persistencia de una crisis humanitaria.

El tribunal fundamentó su apreciación en los informes de entidades nacionales y territoriales responsables del sector agua, así como en la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de la sociedad civil.

A pesar de diversas acciones implementadas, el tribunal identificó cinco bloqueos institucionales que obstaculizan el acceso efectivo al agua en los municipios priorizados por su alta vulnerabilidad: Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. Estos obstáculos incluyen debilidades en la recolección de información relevante, fallas en la estructuración de planes integrales, deficiencias en la planeación, ejecución y financiación de los proyectos, problemas en la contratación y falta de articulación institucional.