Una red de corrupción judicial estaría utilizando procesos judiciales ficticios para embargar ilegalmente pensiones de adultos mayores en el Caribe colombiano, según denuncias formales presentadas ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
El entramado involucra a jueces, abogados y funcionarios judiciales que habrían convertido préstamos informales en procesos judiciales de alimentos falsos, afectando a pensionados principalmente de Montería (Córdoba) y extendiéndose a municipios de Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre y Cundinamarca.
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Las víctimas, como Orlando Reyes Cogollo, José del Carmen Torres Romero y Juan Pablo Aguirre Casarrubia, denuncian que tras solicitar un préstamo, sin recibir explicaciones claras ni notificaciones judiciales, descubrieron que se les iniciaron procesos por supuestas deudas alimentarias que nunca autorizaron.
Como resultado, sus pensiones sufren descuentos automáticos de hasta el 50%.
“El dinero que se mueve detrás de todo esto es enorme, pero uno solo cuenta y denuncia hasta donde no se ponga en riesgo, porque incluso la vida de uno o la de su familia puede verse comprometida por la gravedad del caso”, aseguró una fuente judicial bajo condición de anonimato, reflejando el clima de temor y silencio que rodea la red.
De acuerdo con los denunciantes, el dinero descontado no llega a hijos ni dependientes, sino a terceros que actúan como beneficiarios ficticios.
“Me dijeron que era un cobrador disfrazado de papá demandante, que todo eso lo manejaba el cartel del alimento”, relató José del Carmen Torres.
El modus operandi comienza con la firma de documentos para un crédito, sin que los afectados reciban información clara.
Posteriormente, se abren procesos judiciales por alimentos basados en documentos falsos, sin que los juzgados verifiquen la residencia de los demandados, comprueben la autenticidad de las pruebas ni convoquen audiencias de conciliación, como lo exige la ley.
Las actas de conciliación que aparecen en los expedientes judiciales están firmadas supuestamente por las partes, aunque las víctimas aseguran no haber participado en ninguna.
Medios nacionales como El Tiempo y Semana han documentado estas denuncias, aportando testimonios y evidencias que revelan la magnitud del problema.
Los despachos judiciales implicados incluyen juzgados de Luruaco (Atlántico), San Pablo (Bolívar), Morroa (Sucre), Simití y Achí (Bolívar), Agustín Codazzi (Cesar), Sasaima (Cundinamarca) y Santa Rosa (Bolívar). En Sasaima, un juez fue destituido por casos similares, pero la práctica sigue vigente.
Entre los señalados figura la jueza Paola Gisela de Silvestri Saade, titular del juzgado de Luruaco, que tiene un historial con una investigación previa por un desfalco millonario en Aracataca (Magdalena).
Tras las recientes denuncias, De Silvestri suspendió los embargos y entregó copias de los procesos a las víctimas, pero no a los abogados demandantes, considerados piezas clave del fraude.
Los abogados funcionan como intermediarios, actuando como apoderados de beneficiarios ficticios y manejando los recursos embargados.
Hasta ahora, no hay indicios de sanciones en su contra, pese a las denuncias de los afectados.
Una fuente judicial indicó al medio El Tiempo que en los juzgados de paz de algunos municipios del Atlántico, donde el control institucional es mínimo, este tipo de fraudes se facilitan por la falta de vigilancia.
“Ahí no hay control de nada. Son despachos donde se puede hacer y firmar cualquier cosa sin vigilancia. Es tierra fértil para este tipo de fraudes”, agregó.
Las víctimas han solicitado que se certifique la existencia de los procesos, que se remitan copias a la Fiscalía General de la Nación y que se inicien investigaciones disciplinarias y penales contra jueces, secretarios judiciales y abogados involucrados.
También piden la terminación inmediata de los procesos y el levantamiento de las medidas cautelares.
Las pruebas recopiladas incluyen consultas en la plataforma Tyba del Consejo Superior de la Judicatura, copias de documentos de identidad, certificaciones de domicilio y registros de votación que demuestran que ninguno de los afectados reside en los municipios donde se tramitan los procesos.
Sin embargo, los juzgados validan actas de conciliación tramitadas en localidades ajenas, sin cuestionamientos.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial evalúa si se trata de casos aislados o de una operación sistemática que podría afectar a decenas de pensionados aún no identificados.
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