Un nuevo atentado contra un bus de transporte intermunicipal ocurrido entre los municipios de Valdivia y Tarazá, en el departamento de Antioquia, volvió a encender las alarmas sobre la grave crisis de seguridad que enfrenta el sector.
El hecho dejó heridos al conductor y a un pasajero, y se suma a una preocupante serie de ataques violentos que, según denuncian los empresarios del gremio, tienen al transporte terrestre “al borde del colapso”.
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La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (Aditt), a través de su presidente, José Yesid Rodríguez, rechazó categóricamente el nuevo acto violento y exigió al Gobierno nacional una respuesta urgente y estructural.
“Cada vehículo incendiado representa una familia sin sustento, una empresa al borde de la quiebra y comunidades enteras condenadas al aislamiento. Esto no es solo destrucción de bienes: es un ataque directo contra el derecho fundamental a la movilidad”, declaró Rodríguez.
El dirigente gremial fue enfático al señalar que el sector no puede seguir operando “bajo fuego” ni expuesto a las constantes amenazas, extorsiones y ataques perpetrados por grupos armados ilegales que actúan con total impunidad en varias zonas del país.
“El transporte intermunicipal no puede seguir siendo rehén de intereses violentos, ni mucho menos pagar con vidas humanas por este conflicto armado que tanto daño ha hecho a Colombia”, afirmó.
Exigen activación de pólizas antiterrorismo y presencia permanente del Estado
Ante la creciente ola de violencia, Aditt pidió al Gobierno nacional y a las autoridades competentes la activación inmediata de las pólizas antiterrorismo, con el fin de mitigar las pérdidas materiales y humanas que han dejado los recientes ataques.
“Estas coberturas deben ser operativas de forma inmediata. No podemos seguir esperando mientras nuestros buses arden y nuestros conductores resultan heridos”, enfatizó Rodríguez.
El gremio también exige reparación directa por parte del Estado a las empresas afectadas, argumentando que no han existido garantías mínimas de seguridad para continuar operando.
“Es urgente una política seria y estructural de protección al transporte intermunicipal, que hoy está completamente desprotegido frente a las amenazas violentas”, recalcó el presidente de Aditt.
Asimismo, se insistió en la necesidad de una presencia real, efectiva y coordinada de la fuerza pública en los corredores más vulnerables del país. Las rutas que conectan municipios intermedios y zonas rurales con las grandes ciudades han sido blanco constante de acciones violentas que, además de afectar al gremio transportador, dejan a miles de ciudadanos sin acceso a servicios básicos.
Es preciso mencionar que los atentados no solo afectan directamente a las empresas transportadoras y a sus trabajadores, sino que impactan de manera profunda a las comunidades que dependen del transporte intermunicipal para su conectividad diaria. En muchas zonas rurales, este servicio representa la única forma de acceder a hospitales, centros educativos o lugares de trabajo.
“Esto no es solo un problema del gremio transportador. Es una situación crítica que deja a poblaciones enteras sin posibilidades de movilidad, acceso a salud, educación y empleo”, explicó uno de los voceros del sector.
De acuerdo con los reportes recopilados por Aditt en las últimas semanas, las extorsiones por parte de actores armados ilegales se han incrementado notablemente, y muchas empresas están siendo obligadas a pagar sumas exorbitantes para poder circular sin ser atacadas. En otros casos, los vehículos fueron directamente atacados o incinerados como represalia por no ceder a las exigencias.
Mientras tanto, el temor persiste en las carreteras del país. Y con cada nuevo atentado, el riesgo de que el transporte intermunicipal deje de ser una opción viable para millones de colombianos se vuelve más real.
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