El proceso que cuestiona la elección del actual alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, seguirá su curso en el Consejo de Estado.
Así lo determinó la Sección Quinta del alto tribunal al desestimar una tutela que pretendía declarar la nulidad del proceso en su contra por una supuesta infracción al régimen de doble militancia durante la campaña electoral de 2023.
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El pronunciamiento del Consejo de Estado respondió a una solicitud elevada por José Augusto Tamara Garrido, quien figura en el expediente como tercero interesado. Sin embargo, su petición fue rechazada al considerarse que no contaba con la legitimidad para presentar dicha acción. La decisión quedó registrada en la plataforma oficial del tribunal: “Declarar la falta de legitimación en causa por activa de Pablo Vergel en la solicitud de tutela presentada en contra del Consejo de Estado, Sección Quinta”.
El expediente examina los hechos ocurridos durante la contienda electoral que culminó el 29 de octubre de 2023, fecha en la que Beltrán obtuvo la mayoría de los votos, superando con amplia ventaja a los demás aspirantes a la alcaldía. En esa ocasión, el entonces candidato alcanzó el 34 % de la votación, equivalente a 91.372 sufragios, mientras que el segundo, Carlos Felipe Parra, obtuvo 38.796.
El 12 de diciembre del mismo año, el Tribunal Administrativo de Santander emitió un fallo que anuló la elección de Beltrán. La decisión se sustentó en que el candidato, pese a haber sido inscrito por una coalición conformada por el Partido Colombia Justa Libres y el Movimiento de Salvación Nacional, presuntamente respaldó a aspirantes de otras colectividades políticas.
Según el contenido del fallo emitido por el tribunal regional, “apoyó a candidatos de partidos políticos diferentes a los inscritos por la coalición que aspiraban al Concejo del municipio de Bucaramanga”.
En esa línea, el texto indica que dichas acciones tenían como fin “persuadir al electorado para obtener votos a favor de estos. Con dichas manifestaciones de apoyo, realizó proselitismo a favor de candidaturas ajenas a las de su partido de filiación, contraviniendo la disciplina partidista que estaba obligado a seguir”.
Entre los nombres de los aspirantes a quienes presuntamente brindó respaldo se encuentran Edisson Ferney López Casallas, del Partido Centro Democrático, así como Elkin Yesid Bello Peña, Vilma Alexandra Cadena Ardila, Anderson Fabián Pradilla Díaz, Rosa Mabel Román Romero y Juan Pablo Piñeros Nieto, todos del Partido de la U. Los hechos descritos ocurrieron entre finales de julio y la jornada electoral de octubre de 2023.
José Augusto Tamara Garrido, al solicitar la nulidad del fallo del Tribunal Administrativo de Santander, argumentó que la decisión se tomó de manera irregular. Según su postura, “la magistrada ponente de primera instancia dictó el fallo apelado en sala unitaria y no, de manera colegiada. Además, porque acumuló procesos de manera irregular”, como lo recogió el documento del Consejo de Estado.
Sin embargo, el alto tribunal consideró improcedente la solicitud. En la decisión, con ponencia del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, se señaló que la petición fue presentada fuera del tiempo permitido y sin fundamentos legales suficientes: “(...) se observa que la solicitud presentada por el señor José Augusto Tamara Garrido en contra de la sentencia del 12 de diciembre de 2024 fue presentada sin estar legitimado para el efecto, en forma extemporánea”.
Adicionalmente, la Sección Quinta resolvió abrir un incidente sancionatorio contra Tamara Garrido. El tribunal interpretó que la intención de su actuación podía ser la de retrasar el análisis definitivo del caso de nulidad electoral.
“No se sustenta en ninguno de los supuestos que establece la referida disposición, aplicable al medio de control de nulidad electoral, por lo que evidentemente se trata de una petición impertinente e improcedente, en consecuencia, habrá de ser rechazada por dicha causa”, concluyó la sentencia.
Con esta decisión, el caso de presunta doble militancia en contra del alcalde de Bucaramanga continuará su trámite ante el Consejo de Estado. La instancia deberá resolver si confirma o revoca la anulación decretada previamente por el Tribunal Administrativo de Santander.
Hasta tanto no haya una decisión en firme, Beltrán se mantiene al frente de la administración municipal.
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