Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), hizo pública una carta en la que revela un presunto intento de soborno millonario para que guarde silencio sobre el escándalo de corrupción en esa entidad.
Frente a esta nueva declaración de Pinilla, y que involucraría a otros funcionarios del gobierno Petro, diferente políticos opinaron en sus redes sociales.
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Una de ellos fue la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal, que hizo fuertes señalamientos contra varios exfuncionarios del gabinete de Gustavo Petro.
“¿Quién quiere silenciar a los protagonistas del robo del siglo en la UNGRD? ¿Dónde está Ricardo Bonilla el exministro de Hacienda de Petro Carlos Ramón González el jefe del partido Verde?“, dijo la congresista.
En palabras de la congresista, el jefe de Estado Gustavo Petro debe contarle la verdad al país sobre lo que ocurrió alrededor de este escándalo que ha sacudido a su administración
“Petro debe contarle al país la verdad. ¿Sabía o no de las reuniones en Palacio para repartir recursos a cambio de votos en el Congreso?“, puntualizó.
Pronunciamiento de Sneyder Pinilla sobre caso de la Ungrd
Desde su lugar de reclusión en una guarnición militar de Bogotá, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hizo pública una carta en la que revela un presunto intento de soborno millonario para que guardara silencio sobre el escándalo de corrupción que involucra a varios funcionarios del gobierno.
En la misiva, conocida el 30 de julio de 2025 y citada por EL TIEMPO, Pinilla asegura que le ofrecieron $13.000 millones “a cambio de su silencio”. Según él, su decisión de colaborar con las autoridades ha tenido consecuencias importantes, como la judicialización de varios implicados.
No obstante, se pregunta quién estaría detrás de la oferta para callarlo. “¿Quién o quiénes pagarían la millonaria suma de dinero? ¿Quién o quiénes son los verdaderos responsables de querer silenciarme?”, escribió.
Pinilla fue condenado a cinco años y ocho meses de prisión tras firmar un preacuerdo con la Fiscalía. Reconoció su responsabilidad en los hechos y ha comenzado a reparar el daño económico con dos pagos que suman más de 600 millones de pesos. “Confirmo una vez más a la opinión pública, al país y a mi familia que sigo y seguiré colaborando con la justicia”, agregó en la carta.
Además del exfuncionario, otros cinco implicados han llegado a acuerdos similares con la justicia, entre ellos el exdirector de la UNGRD, Olmedo López; el exasesor Pedro Rodríguez Melo; Luis Carlos Barreto; Luis Eduardo López, conocido como ‘el Pastuso’; y el abogado Édgar Riveros.
Este martes 29 de julio de 2025, una juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra César Manrique, exdirector de Función Pública y persona cercana al presidente Gustavo Petro. Según la Fiscalía, Manrique habría recibido $3.000 millones entre enero y marzo de 2024 por favorecer con un contrato a la Fundación Yapurutú, relacionado con la compra de 40 carrotanques para La Guajira. Dicho contrato habría contado con la intermediación de Olmedo López.
Las investigaciones continúan, mientras las autoridades intentan esclarecer el alcance completo del entramado de corrupción en la entidad.
Corte Suprema cita a declarar a exasesora del Ministerio de Hacienda por escándalo en la Ungrd
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a declarar a María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, por su presunta participación en el escándalo de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La diligencia está programada para el lunes 4 de agosto a las 2:00 p.m. en el despacho del magistrado Misael Rodríguez.
Benavides habría actuado como intermediaria entre la cartera de Hacienda y varios congresistas vinculados a la Comisión de Crédito Público del Congreso, entre ellos Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz.
Estos legisladores son objeto de una investigación en curso por su supuesta participación en negociaciones irregulares relacionadas con la
Benavides obtuvo un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, comprometiéndose a colaborar con las autoridades a cambio de beneficios judiciales. En ese contexto, se le acusa de haber facilitado contratos y entregas de dinero en efectivo para asegurar votos a favor de reformas oficiales.
La Fiscalía sostiene que la exfuncionaria se comunicó con Sneyder Pinilla, exasesor de la UNGRD, y con Jaime Ramírez Cobo, exasesor del DAPRE, con el fin de asegurar la asignación de recursos a través de cupos indicativos. A cambio, los congresistas recibirían contratos por un valor total de 92.000 millones de pesos, destinados a obras de atención a emergencias, aunque los recursos nunca se desembolsaron por la aparición del escándalo.
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