En la mañana del miércoles 30 de julio de 2025, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a declarar a María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, a raíz de la investigación contra cinco congresistas, vinculados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).
Según informó el alto tribunal, la citación se desarrollará el lunes 4 de agosto a las 2:00 p.m. en el Palacio de Justicia, específicamente en el despacho de Misael Rodríguez, magistrado de la sala mencionada.
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La relevancia de Benavides en este entramado radica en su papel como enlace directo entre el Ministerio de Hacienda y los congresistas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz (que renunció a su curul en la Cámara de Representantes), integrantes de la Comisión de Crédito Público del Congreso.
Benavides obtuvo un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, es decir, que brindará información a la justicia a cambio de no ir a prisión.
Su vínculo en el caso Ungrd
Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, María Alejandra Benavides habría negociado contratos y pagos en efectivo para, presuntamente, a cambio de la aprobación de reformas impulsadas por el Gobierno de Gustavo Petro en el legislativo.
Para ello, se había comunicado con Sneyder Pinilla, exasesor de la Ungrd y hoy procesado por la justicia, al igual que Jaime Ramírez Cobo, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
El objetivo, de acuerdo con El Espectador, era lograr la aprobación de cupos indicativos en las comisiones, lo que permitiría la asignación de recursos a proyectos específicos.
A cambio de este respaldo legislativo, el Gobierno habría ofrecido a los seis congresistas tres contratos de alto valor, destinados a atender emergencias por la ola invernal en los municipios de Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar.
El monto total comprometido ascendía a 92.000 millones de pesos, una cifra que nunca llegó a desembolsarse debido a la irrupción del escándalo de corrupción en la Ungrd.
Este caso, que involucra a personas cercanas al presidente Gustavo Petro y a congresistas tanto aliados como opositores al Ejecutivo, se ha ramificado en múltiples capítulos judiciales.
La colaboración de Benavides con la Fiscalía General de la Nación busca destapar el modelo de corrupción que, según la investigación, se habría instaurado en el Ministerio de Hacienda para influir en la voluntad de los legisladores y asegurar el respaldo a proyectos oficiales.
Benavides acusará a su exjefe Ricardo Bonilla
De hecho, la colaboración de Benavides no se limita al caso de los congresistas. También se espera que declare en contra de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, para quien la fiscal María Cristina Patiño prepara una audiencia de imputación por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.
Según lo informado por la Fiscalía, el acuerdo con la exfuncionaria de la cartera supondrá la comparecencia formal de Benavides ante la justicia como testigo clave, con el compromiso de declarar contra el exministro Ricardo Bonilla y cerca de 28 congresistas señalados por presunta participación en la red de corrupción.
“Una vez se avale el principio de oportunidad, se radicará la solicitud de imputación de cargos contra el exministro Bonilla por los delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos”, indicó el ente acusatorio en su momento.
En el desarrollo de la investigación, también se documentaron reuniones determinantes. La Fiscalía detalló que en un encuentro entre Bonilla y el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se analizaron solicitudes del senador Mauricio Gómez Amín para que las condiciones otorgadas a otros integrantes del Congreso le fuesen extendidas a él.
Con el proceso judicial en marcha y la declaración pendiente de Benavides, la investigación podría arrojar nuevas implicaciones institucionales y políticas para el círculo de funcionarios y congresistas en el foco del escándalo, según lo explicó la Fiscalía.
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