José Cuesta, concejal de Bogotá del Pacto Histórico, lanzó el martes 29 de julio de 2025 duras críticas a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán en torno a la política de seguridad implementada en Bogotá.
El cabildante aseguró que, pese a que el Concejo Distrital aprobó una inversión de $7,4 billones en el sector de seguridad dentro del Plan de Desarrollo Bogotá Camina Segura para este cuatrienio, los resultados obtenidos siguen siendo insatisfactorios.
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Cuesta, afín al Gobierno nacional en cabeza del presidente de la República, Gustavo Petro, argumentó que mientras a nivel nacional se reportan avances en la reducción de homicidios, impulsados por políticas de prevención, protección de la vida, justicia restaurativa e inclusión social, la capital de la República alcanzó en 2024 la cifra más alta de homicidios de los últimos ocho años, al sumar 1.204 casos.
Oposición al Gobierno de Galán calificó como “estratega fallida” la política de seguridad
Durante la sesión del Concejo, el cabildante expresó profundas preocupaciones sobre lo que calificó como una “estrategia fallida para enfrentar el crimen y la violencia” en la ciudad, al tiempo que exigió cambios sustanciales en el enfoque actual.
Cuesta centró su intervención en el uso de la fuerza pública y en el papel de la policía frente a la creciente ola de inseguridad que se vive en los barrios. Planteó que los habitantes de Bogotá no perciben mejoras en la seguridad, y señaló que en zonas con altos niveles de violencia, los delitos persisten pese a los anuncios oficiales sobre reducción de cifras.
“El temor se ha instalado en los barrios y no hay respuestas eficaces desde la administración distrital”, afirmó el concejal, que indicó que la actual política está alejada de la realidad cotidiana de miles de personas.
El cabildante citó cifras de hurtos y homicidios que la administración presenta como logros, pero que no se reflejan en la percepción de los ciudadanos que transitan con miedo por las calles de la ciudad.
Sobre las cifras, advirtió que el enfoque de seguridad no responde a la realidad social que enfrenta la ciudad, donde persiste una pobreza significativa en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal y Santa Fe que, según el concejal, también son las que más crecieron en las cifras de homicidios.
Sumado a esto, expresó que la administración no ha reconocido de manera suficiente el papel de la inequidad, la exclusión, la pobreza y la desigualdad como factores que explican este problema.
Críticas a los frentes de seguridad urbana en Bogotá; temen por una “paramilitaización” de Bogotá
Los cuestionamientos también incluyeron los llamados “frentes de seguridad urbana” que operan en los barrios y son conformados por ciudadanos que actúan frente a actos de inseguridad en apoyo a la fuerza pública. Cuesta señaló que esta estrategia puede conducir a una “paramilitarización” de la ciudad y replicar fenómenos dolorosos que han hecho parte del conflicto armado en el país.
No obstante, también presentó datos y testimonios que, a su juicio, evidencian el fracaso de la estrategia actual del alcalde Galán, haciendo énfasis en las continuas denuncias sobre abuso policial en la ciudad.
En su análisis, el concejal recordó las recomendaciones de organismos internacionales que insisten en la necesidad de abordar la criminalidad desde un enfoque integral, respetando los derechos humanos. “Una ciudad segura no es la que encierra a sus jóvenes, sino la que les ofrece oportunidades”, expresó.
Pese a sus llamados por atención a la inseguridad, el concejal señaló que la ciudadanía demanda políticas enfocadas en servicios sociales, educación, oportunidades laborales y atención a la juventud.
Reiteró, además, que la Administración distrital debe priorizar inversiones en cultura, empleo y prevención, y denunció una supuesta desconexión entre las políticas que se diseñan en los despachos y las experiencias diarias de la mayoría de los bogotanos.
“La seguridad no puede entenderse solo desde el uso de la fuerza, sino también como una construcción social basada en la confianza, el acceso a derechos y la participación real de la comunidad”, sostuvo Cuesta.
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