Un juez de control de garantías validó el principio de oportunidad pactado entre la Fiscalía y María Alejandra Benavides, que hasta hace poco actuaba como enlace entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República. En la audiencia, el juez consideró que la negociación cumplía con los requisitos legales y respaldó la inmunidad total ofrecida por la Fiscalía a Benavides.
En ese orden de ideas, la exasesora del Ministerio de Hacienda selló un acuerdo que le otorga inmunidad total a cambio de su colaboración en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd).
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El acuerdo establece que la Fiscalía suspenderá la acción penal contra Benavides durante un año, con la posibilidad de prorrogar ese plazo dependiendo de la eficacia de su colaboración. La inmunidad se activó tras los primeros acercamientos, cuando el ente investigador determinó que los aportes de Benavides tendrían connotación penal relevante.
De acuerdo con W Radio, la exasesora de la cartera de Hacienda se comprometió a testificar contra al menos 39 personas, entre ellos senadores y representantes a la Cámara, y el exministro Ricardo Bonilla.
Las posibles implicaciones del principio de oportunidad otorgado a Benavides
La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, explicó que, si el juez aprueba el principio de oportunidad, la Fiscalía imputará cargos a Bonilla ante el Tribunal Superior de Bogotá: los delitos que se le atribuirían son tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Sin embargo, Patiño precisó que, pese a las pruebas que vinculan a Bonilla con el caso, no se ha considerado solicitar una medida de aseguramiento en su contra en esta etapa del proceso.
Las pesquisas, encabezadas por Patiño, han identificado a Benavides como el enlace entre el Ministerio de Hacienda y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) en el supuesto direccionamiento de tres contratos estatales. El monto total de estos contratos asciende a 92.000 millones de pesos, y su objetivo habría sido beneficiar a varios congresistas a cambio de su respaldo para ampliar el cupo de endeudamiento del Gobierno nacional.
En una audiencia, la Fiscalía sostuvo que “se coordinó con Ricardo Bonilla González, ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, asesora del ministro, y Sneyder Pinilla el direccionamiento de contratos (...) entre los cuales estaban interesados indebidamente los senadores y representantes del Congreso de la República, Wadid Alberto Mansur Inbeb, Karen Astrid Manrique Olarte, Liliana Ester Pitar Castilla, Julián Peinado Ramírez, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo Maya”.
“Él (Ricardo Bonilla) me usó y usó el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar.”, dijo Benavides durante una audiencia el 22 de julio de 2025.
El expediente detalla que los contratos investigados estaban destinados, en teoría, a obras de contención y prevención de inundaciones, así como a la mitigación de la erosión causada por lluvias. El primero de estos contratos correspondía a Cotorra, Córdoba, por 50.000 millones de pesos; el segundo, a El Salado, Bolívar, por 12.356 millones de pesos; y el tercero, a Saravena, Arauca, por 30.000 millones de pesos.
Durante su testimonio, Benavides mencionó un supuesto acuerdo entre Bonilla, el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco y el asesor presidencial Jaime Ramírez Cobo. El propósito de este pacto habría sido destrabar la aprobación de créditos internacionales para la nación mediante la compra de votos de senadores y representantes a la Cámara.
El nombre de Benavides fue mencionado por el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, que aseguró que la exasesora habría desempeñado un papel central en las maniobras irregulares. Tras ser señalada, Benavides optó por colaborar con la justicia, aunque denunció haber recibido amenazas contra su vida, y solicitó medidas de protección.
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