Una nueva polémica se desató el lunes 28 de julio de 2025, luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazara el fallo de la jueza Sandra Liliana Heredia Heredia, que declaró culpable a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La canciller encargada de Colombia, Yolanda Villavicencio, no tardó en pronunciarse. A través de un mensaje de X, la diplomática calificó de inaceptable la “intromisión” de Rubio, cercano al presidente Donald Trump, en asuntos que solo competen a la justicia de Colombia.
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“Rechazamos las declaraciones de Marco Rubio sobre la condena a Álvaro Uribe. Su intromisión en asuntos judiciales colombianos vulnera nuestra soberanía y desconoce la independencia de la justicia. #RespetoALaJusticia #ColombiaSoberana”, indicó Yolanda Villavicencio.
La publicación de la canciller encargada, Yolanda Villavicencio, contó con el respaldo del presidente Gustavo Petro, que citó la publicación de la diplomática, rechazando las declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos.
“Una intromisión en asuntos judiciales de otro país, es una intromisión a la soberanía nacional. El mundo debe respetar los jueces de Colombia, muchos y muchas han caído asesinados[a]s por ayudar al mundo”, precisó el mandatario colombiano.
A través de su cuenta de X, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, rechazó el sentido de fallo en primera instancia de la jueza Sandra Liliana Heredia.
El funcionario norteamericano aseguró que en Colombia existe una supuesta “instrumentalización del poder judicial“.
“El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante”, expresó Rubio.
Decisión de la jueza
El 28 de julio de 2025, Sandra Liliana Heredia, jueza 44 de Conocimiento de Bogotá, presentó su decisión en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
El exmandatario fue hallado culpable de fraude procesal y soborno en actuación penal. Al mismo tiempo, recibió absolución respecto al cargo de soborno a testigos, ya que no se encontró evidencia suficiente para demostrar esta acusación.
En la audiencia, la jueza validó las interceptaciones telefónicas realizadas a Uribe. La defensa argumentó que hubo irregularidades en la extensión de las grabaciones. Sin embargo, la jueza determinó que solamente se efectuaron en días hábiles, desde el 12 hasta el 27 de marzo de 2018.
Estas finalizaron cuando se confirmó que la línea intervenida pertenecía al expresidente. Según Heredia, el procedimiento no estuvo motivado por dolo, ya que los encargados corrigieron el error de inmediato.
Respecto a la confidencialidad entre abogado y cliente, la jueza revisó si esto debía restringir el acceso a las pruebas. Concluyó que el secreto profesional no impide el avance de la justicia cuando se trata de esclarecer hechos potencialmente delictivos. Por esta razón, las grabaciones fueron consideradas válidas dentro del proceso.
Otra de las pruebas examinadas correspondió a las grabaciones entregadas por Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar recluido en La Picota. Estos audios, obtenidos con un reloj espía, fueron avalados tras ser verificados por peritos, quienes descartaron cualquier manipulación.
Según la jueza, en las conversaciones se evidenció que Monsalve enfrentó presiones para modificar su versión ante el senador Iván Cepeda. No se detectó inducción alguna por parte de quien realizaba la grabación.
Los testimonios de Iván Cepeda, Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve obtuvieron la aprobación de la jueza. Su valoración se apoyó en la coherencia y estabilidad de sus relatos a lo largo del tiempo.
Asimismo, no se hallaron elementos que comprobasen falsedad en sus versiones, pero sí se observaron intentos de interferir públicamente en la investigación judicial.
En contraste, la jueza consideró inconsistentes o parciales los testimonios aportados por la defensa. Entre estos, se destacaron los de Óscar Monsalve y Vicky Jaramillo.
Además, señaló que Diego Cadena presionó directamente a Monsalve para obtener una retractación de su testimonio.
Una parte central de la sentencia de Heredia consistió en la reconstrucción de las conversaciones entre Uribe y su abogado, donde la jueza estimó que el expresidente, al saber que era objeto de una interceptación, fingió desconocer los hechos investigados. Este comportamiento generó dudas sobre la autenticidad de su postura y sobre las circunstancias que rodearon todas sus intervenciones en la investigación.
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