Durante la audiencia en la que se define el veredicto en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la jueza Sandra Liliana Heredia tomó decisiones clave frente a las pruebas presentadas por las partes.
La magistrada confirmó la validez de dos elementos cuestionados por la defensa: la interceptación telefónica realizada por la Corte Suprema en 2018 y la grabación efectuada con un reloj espía por el interno Juan Guillermo Monsalve al abogado Diego Cadena en la cárcel La Picota.
Dicho dispositivo llegó al centro penitenciario en febrero de 2018. El abogado Héctor Romero, a solicitud de Deyanira Gómez, lo entregó a Monsalve, quien lo utilizó para registrar una conversación sostenida el 22 de ese mes con Cadena.
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La Fiscalía sostiene que en dicho encuentro el abogado buscó persuadir al recluso para que modificara su testimonio sobre presuntos vínculos de Uribe con el paramilitarismo.
En contraste, la defensa del expresidente argumenta que su intención era aclarar los hechos y no presionar ni sobornar al testigo.
El abogado Jaime Granados, representante legal de Uribe, solicitó que esa grabación no fuera tenida en cuenta. Según explicó, un análisis técnico determinó que el archivo tenía más de siete minutos eliminados, lo que podría cambiar el sentido de la conversación. No obstante, la jueza Heredia dedicó cerca de media hora a detallar los estudios realizados y concluyó que no había evidencia de manipulación voluntaria.
La jueza ratificó: “Las alteraciones encontradas no son voluntarias ni se trataron de un error cometido por Deyanira Gómez, ni de las personas que analizaron o revisaron la información de la Corte, ni de la Fiscalía, que la descubrió; y mucho menos los expertos que realizaron un estudio sobre ellas. Simplemente, en el mundo de la informática suelen ocurrir eventos que modifican los datos internos sin que necesariamente sea a consecuencia de una intervención humana”.
Heredia añadió que no existe una causa que permita considerar la grabación inauténtica y, por ello, mantendrá su validez dentro del expediente. Tras este pronunciamiento, la jueza anunció que continuará revisando los demás capítulos relacionados con las actuaciones atribuidas a Monsalve, tanto desde Neiva como en la propia prisión.
¿Cómo llegó el reloj espía a la cárcel?
Entre los elementos clave en el juicio de Uribe se encuentran las grabaciones obtenidas mediante un reloj espía, adquirido por Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Según su testimonio, Monsalve buscaba “registrar” conversaciones con el abogado Diego Cadena, quien, de acuerdo con la Fiscalía, habría intentado persuadirlo para modificar declaraciones que vinculaban a Uribe con estructuras paramilitares.
“Un reloj es un objeto común que los presos pueden usar dentro de la cárcel, así que se compró el reloj espía”, relató Gómez ante la Fiscalía. Este dispositivo fue introducido a la cárcel La Picota con ayuda del abogado Héctor Romero, que habría recibido un pago por facilitar su ingreso.
Además de las grabaciones, la Fiscalía presentó interceptaciones telefónicas realizadas en 2018 por el CTI. Estas escuchas, que inicialmente tenían como objetivo al senador Nilton Córdoba, incluyeron por error conversaciones entre Uribe y su abogado Cadena. Aunque la defensa calificó estas pruebas como “ilegales”, la Corte Suprema las validó y las consideró relevantes para el proceso.
María Fernanda Cabal salió en defensa de Uribe: “124 archivos fueron eliminados”
Tras lo anterior, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal salió en defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, afirmando que: “Recordemos que en plena audiencia el experto Ríos Sarmiento, indicó que uno de los dispositivos que contenía las grabaciones de los relojes espía tenía un total de 124 archivos eliminados. Esto deja clara la manipulación que la juez no debería desestimar en la audiencia”.
En el pronunciamiento de la senadora, se puede apreciar un video en el que el abogado Daniel Ríos Sarmiento señaló que 124 interceptaciones fueron borradas y que ello pudo haber servido para la investigación del presidente Álvaro Uribe Vélez.
“El desplegar mecanismos tecnológicos para lograr intentar dar cuenta de los mensajes de datos que hubieran podido ser borrados, se logró a partir de este elemento en particular establecer que hubo 124 que se encontraban borrados y que se pudieron disponer para la autoridad judicial”, señaló.
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