El lunes 28 de julio de 2025, la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, anunciará el sentido de fallo en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de los delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal.
Se espera que el exmandatario colombiano (2002-2010) acuda a los juzgados de Paloquemao en compañía de su defensa, excepto Jaime Granados, que se encuentra en España.
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La decisión de Sandra Liliana Heredia será determinante para el futuro del proceso, debido a que corresponde a la primera instancia y restarían otras tres instancias.
Miguel Ángel del Río, abogado de Juan Guillermo Monsalve, y Jaime Granados, defensa de Uribe, afirmaron a El Tiempo que el caso se resolverá en otro escenario, que podría ser la Corte Suprema de Justicia.
Se espera que la jueza Sandra Liliana Heredia señale la fecha de prescripción del caso. La togada leerá el fallo completo la primera semana de agosto, que, en caso de que exista una condena contra el expresidente, se conocerá el tiempo de condena por los tres delitos o simplemente uno.
En caso de que Álvaro Uribe sea absuelto, las presuntas víctimas y la fiscal del caso, Marlene Orjuela, apelarán la decisión.
La defensa de Uribe o las presuntas víctimas tendrán cinco días hábiles para presentar la apelación.
“Luego, hay cinco días adicionales para que los no recurrentes se pronuncien sobre los argumentos expuestos por quien presente la apelación”, indicó la defensa de Uribe a El Tiempo.
Así las cosas, el Tribunal Superior de Bogotá será la instancia que definirá si confirma la decisión de Heredia o la revoca.
El alto tribunal tendrá hasta octubre de 2025 para tomar una decisión antes de que el caso prescriba.
“Nuestra defensa fue contundente. En caso de que la primera instancia sea absolutoria y la segunda, condenatoria,por ley se debe solicitar doble conformidad. Eso significa que la sala de casación de la Corte entraría a revisar el caso, como superior del Tribunal”, afirmó Jaime Granados a El Tiempo.
En caso de que los dos fallos sean absolutorios o condenatorios, el caso del expresidente Uribe podría ir a casación por solicitud de cualquiera de las partes, es decir que la Corte Suprema de Justicia tendría cinco años para tomar una decisión definitiva.
Detalles del caso
Hace 13 años comenzó este proceso contra el exmandatario colombiano (2002-2010), que se convirtió en uno de los más complejos en la historia reciente de Colombia.
En febrero de 2012, el líder natural del Centro Democrático denunció al senador Iván Cepeda, presunta víctima en este juicio, por abuso de función pública, fraude procesal y calumnia agravada.
El expresidente Álvaro Uribe decidió denunciar a Cepeda luego de que este publicara declaraciones de Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, en las que lo señalaban a él y su hermano (Santiago Uribe) de haber auspiciado a grupos paramilitares en Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de archivar la denuncia contra el senador Cepeda, pero inició una investigación contra Álvaro Uribe, por presuntos indicios de manipulación de testigos.
El abogado Diego Cadena, sobre quien la Fiscalía pidió el martes 8 de julio de 2025 una condena por presunto soborno y manipulación de testigos relacionados con estos mismos hechos, recopiló varios testimonios de exparamilitares en distintas cárceles del país entre el 19 y 22 de febrero de 2018.
Por esas fechas, Cadena visitó a Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota, hechos que quedaron registrados en video a través de un reloj espía. Según Deyanira Gómez, el exparamilitar le pidió el dispositivo para grabar el encuentro.
La grabación llegó a la Corte Suprema a través del abogado de Iván Cepeda Inicia el proceso contra Álvaro Uribe.
La Fiscalía pidió condenar al expresidente Álvaro Uribe al considerar que, a través de su abogado Diego Cadena, promovió visitas a cárceles del país con el propósito de obtener declaraciones falsas contra el senador Iván Cepeda.
Según el ente acusador, esas acciones habrían buscado modificar versiones judiciales que relacionaban a Uribe con estructuras paramilitares.
Por su parte, la defensa del exmandatario ha reiterado que Uribe no ordenó ofrecer beneficios a testigos, y que su intención siempre fue que los declarantes dijeran la verdad ante los tribunales.
Según su equipo jurídico, todo se trataría de una estrategia dirigida por Cepeda con el fin de afectar su imagen pública y vincularlo a actividades ilegales.
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