Pilotos al borde del abismo: más de 1.300 aviadores colombianos podrían quedarse sin pensión por millonaria deuda de aerolíneas

Durante décadas, miles de pilotos colombianos surcaron los cielos confiando en que, al final de su carrera, podrían acceder a una pensión justa y garantizada. Hoy, esa promesa está en entredicho. Más de 1.300 aviadores podrían quedarse sin su retiro debido a una deuda acumulada de 133.000 millones de pesos, responsabilidad de varias empresas del sector aéreo que nunca cumplieron a cabalidad con sus compromisos pensionales.

La alerta la dieron recientemente la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) y la Caja de Auxilios y de Prestaciones de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Caxdac), que aseguran que parte de estas obligaciones existen desde hace más de 30 años. A lo largo de ese tiempo, varias compañías aéreas simplemente ignoraron sus responsabilidades, omitieron reportar los pasivos en sus estados financieros y, en muchos casos, no cuentan con activos suficientes para responder.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

El panorama es especialmente grave porque algunas de las empresas deudoras ya están en liquidación o en procesos de reorganización. Es el caso de Saep, que acumula más de 45.000 millones de pesos en compromisos pensionales; Vertical de Aviación, con más de 31.000 millones; Líneas Aéreas Suramericanas, que adeuda cerca de 18.000 millones; y Latam Airlines Colombia (antes Aires), cuya deuda asciende a casi 19.000 millones de pesos.

Desde Latam señalaron que ya presentaron “los cálculos actuariales requeridos por la Superintendencia de Transporte para las vigencias aplicables”, que cuentan con las autorizaciones correspondientes y que aún están pendientes dos trámites adicionales. Pero el problema es más estructural que puntual. En Colombia existen actualmente unos 7.000 pilotos con licencia vigente, de los cuales 2.500 están en operación. Los posibles afectados son cerca de 1.300.

Para entender la dimensión del problema hay que ir más de medio siglo atrás. En 1956 se empezó a gestar el primer fondo privado de pensiones del país, justamente el de los pilotos. En ese entonces, se les reconoció el mismo estatus de los miembros de la Fuerza Aérea, permitiéndoles retirarse tras 20 años de servicio, sin importar la edad. La razón era clara, se trataba de un sector esencial para la seguridad y el desarrollo del país.

Sin embargo, a diferencia de las fuerzas armadas, las aerolíneas no contaban con recursos del Estado. Por eso, el Gobierno estableció que cada empresa debía asumir su parte, con plazos amplios y cuotas acordadas. El Estado conservó la facultad de fijar montos, plazos y condiciones. Pero con los años, muchas de esas obligaciones se diluyeron en el aire.

En el sector existieron más de 150 aerolíneas, aunque unas pocas concentraban la mayoría de los compromisos pensionales. Avianca, Aces, Tampa, Helicol, Sam y Aerocóndor están entre las principales. Algunas, como Avianca y Copa, cumplieron en su momento. Latam asegura que fue “la única aerolínea que realizó el pago de su deuda pensional de manera completa, integrando su pasivo de forma anticipada en 2007”.

El resto no corrió con la misma suerte. Muchas entraron en crisis, se liquidaron o simplemente dejaron que el tiempo pasara. Lo más preocupante, advirtió el capitán Juan Esteban Villa, presidente de Acdac, a la revista Semana es que “no hubo seguimiento ni vigilancia del Ministerio de Trabajo ni de la Superintendencia del ramo para que los recursos pensionales se cubrieran”.

Villa cuestionó la permisividad institucional: “¿Quién los vigilaba? ¿Cómo se explica que algunas empresas ni siquiera calculaban el valor de su deuda y no lo llevan en sus estados financieros?”, dice. Para él, esta es una crisis que evidencia no solo la fragilidad del sistema pensional en el sector aéreo, sino también “una falta de control latente”.

Y lanzó una advertencia grave: “Lo que nos preocupa es que al final esto lo vaya a pagar el bolsillo del colombiano, por una ineficiencia del sistema estatal de falta de control, porque las autoridades permiten que esas empresas sigan operando y presentando sus estados financieros sin la capacidad patrimonial de cumplir con la deuda que tiene con Caxdac”.