“Hoy por hoy, nada que se haga entre el presidente de Colombia y el dictador de Venezuela, lo podemos tomar nosotros con ingenuidad.” La advertencia de Marta Lucía Ramírez, exvicepresidenta y excanciller, resuena con fuerza en el debate público colombiano tras la firma de un acuerdo binacional entre el gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, y la dictadura de Nicolás Maduro.
El documento firmado por Colombia y Venezuela delimita una zona binacional que abarca las poligonales de los estados Táchira y Zulia en territorio venezolano, y el departamento de Norte de Santander en el lado colombiano. El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cinco años, con prórroga automática por el mismo periodo, salvo que alguna de las partes comunique su intención de finalizarlo. Esta disposición generó inquietud sobre la posible afectación a la soberanía nacional y el alcance real de la cooperación entre ambos países.
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La excanciller expuso su visión sobre los intereses detrás del acuerdo. A su juicio, el objetivo de Petro y Maduro sería “extender su movimiento del famoso socialismo del siglo XXI a Colombia, que ha sido siempre la joya de la corona”, dijo en entrevista con Semana. La exvicepresidenta también subrayó que Colombia funciona como un “bastión de contención” frente a la expansión de ese modelo político, y advirtió sobre el riesgo de que el país pierda esa posición estratégica.
La preocupación de Ramírez no se limita al plano ideológico, ya que considera que la zona geográfica definida por el acuerdo está marcada por la presencia de grupos armados ilegales. “Colombia hoy tiene actores armados en la frontera colombo venezolana, en convivencia con las autoridades, en teoría, de Venezuela; con las fuerzas militares, con la Guardia Nacional Venezolana, y eso supone una amenaza enorme, no solo para la democracia colombiana, sino sobre todo, en el cortísimo plazo, para la población de toda esa región del Catatumbo”, afirmó.
A su vez, enfatizó el impacto inmediato que esta situación podría tener sobre las comunidades fronterizas, especialmente en el Catatumbo. Incluso, expresó su escepticismo sobre la autenticidad de estos propósitos. “Nada de lo que ellos hagan aparentando preocupación por el comercio y el bienestar de los pueblos, podemos creer realmente que sea limitado a esos temas (…) Y repito: nada de lo que ellos estén planteando en materia comercial, económica y de lucha contra el narcotráfico, tiene ninguna credibilidad, validez, máxime cuando viene de una dictadura”, insistió al medio citado.
La preocupación de Marta Lucía Ramírez se trasladó al Legislativo, ya que desde el Congreso de la República citaron a los ministros del Comercio y de Defensa a un debate de control político, para obtener explicación sobre el acuerdo binacional con el vecino país.
La citación parte del senador del Partido Conservador Nicolás Echeverry, que, mediante la Comisión Segunda del Senado, pidió claridad sobre el alcance, la legalidad y la viabilidad de este reciente tratado.
Para el congresista, la discusión busca transparentar el contenido y los posibles impactos de la negociación con el régimen venezolano ante cuestionamientos sobre la legitimidad del Ejecutivo del país vecino y la presencia de organizaciones criminales en la frontera común.
La propuesta de debate fue presentada públicamente a través de un video difundido en redes sociales, donde Echeverry detalló los ejes centrales de la citación y expresó dudas sobre los fundamentos del acuerdo.
“Desde la Comisión Segunda del Senado de la República hemos citado a la ministra de Comercio, a la canciller, al ministro de Defensa, para que de cara al país expliquen cuál fue el acuerdo binacional que firmó el presidente. Primero, ¿cuál es su marco legal? Segundo, ¿cuál es su cronograma? Tercero, ¿cuál es su presupuesto?”.
Así mismo, solicitó a los altos funcionarios explicar “cuáles son los riesgos que en Colombia se corren, cuál es la situación social, cultural, política y económica del territorio y cuáles son el grado de responsabilidad”.
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