El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a criticar con fuerza los acuerdos de paz impulsados por el gobierno de Juan Manuel Santos y la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro, asegurando que ambas administraciones han propiciado el fortalecimiento del narcotráfico y de las estructuras criminales en Colombia.
A través de una extensa serie de publicaciones en su cuenta de X, Uribe afirmó que, desde 2010, el país pasó de colocar 150 toneladas de cocaína en el mercado internacional a más de 1.800 toneladas.
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Según el exmandatario, “todo el país ha vuelto a estar extorsionado y el crecimiento del número de criminales es alarmante”, consecuencia directa, a su juicio, del proceso de La Habana con las Farc y de las políticas actuales del gobierno Petro.
Denuncias de persecución política
En los mensajes, Uribe también insistió en que es víctima de una “persecución política” orquestada por sectores cercanos a Santos y Petro, en un proceso judicial que lo acusa de manipulación de testigos.
Recordó que durante su investigación se realizaron interceptaciones ilegales a su teléfono, con más de veinte mil escuchas autorizadas inicialmente sobre otro parlamentario, pero en las que apareció su número.
“El error se convirtió en intención. Violaron las comunicaciones con mi abogado”, aseguró.
Uribe señaló directamente al presidente Petro de haber presionado a la justicia, negando la independencia de los jueces en su caso: “Se le conocen más de doce manifestaciones públicas sobre el proceso, pese a que niega haberse referido a él”.
El papel de Iván Cepeda y la Corte Suprema
El expresidente también recordó las denuncias que presentó en 2012 contra el senador Iván Cepeda, a quien calificó de “cercano a la Farc”.
Afirmó que, en 2018, el magistrado José Luis Barceló archivó esas denuncias contra Cepeda y, en cambio, lo acusó a él de soborno y fraude procesal.
“Todo a partir de una denuncia del senador Cepeda, cuyo abogado presentaba escritos del testigo Monsalve, pero siempre ocultaron lo que Cepeda le respondía”, dijo.
Uribe agregó que este proceso permaneció oculto, fue “filtrado a periodistas sesgados” y tuvo un “objetivo político: llevarme a la cárcel después de elecciones”.
Críticas a magistrados y fiscales
El exmandatario cuestionó la actuación del magistrado César Reyes, quien recibió su indagatoria y luego ordenó su detención.
Según Uribe, Reyes debió declararse impedido por haber sido contratista del gobierno Santos y tener relación con la esposa de Cepeda.
También acusó al magistrado Alberto Rojas Ríos, de la Corte Constitucional, y al entonces presidente de esa corporación, Alejandro Linares, de permitir injerencias políticas en las decisiones relacionadas con su caso, incluyendo la filtración de ponencias a periodistas.
Sobre el papel de la Fiscalía, Uribe resaltó que dos fiscales pidieron la preclusión a su favor, respaldados por cuatro procuradores, pero que, finalmente, el fiscal Gilberto Villarreal —a quien acusó de conflicto de interés por su cercanía con el entonces fiscal Eduardo Montealegre, hoy ministro de Justicia— lo acusó formalmente.
“El ministro de Justicia es mi supuesta víctima”, remarcó.
Señalamientos a supuestas víctimas
Uribe también cuestionó a una de las supuestas víctimas del caso, asilada en el exterior y señalada de ser integrante de las Farc.
Según el expresidente, esta persona recibió apoyo del senador Cepeda y está denunciada por presunto lavado de activos en la compra de una finca vinculada al testigo principal del proceso.
Política de paz bajo cuestionamiento
La serie de mensajes concluye con una acusación directa: que las políticas de paz de Santos y Petro “han permitido que los grupos criminales se fortalezcan y que la violencia regrese a los niveles más críticos”.
Para Uribe, el aumento del narcotráfico y la expansión de las extorsiones son la evidencia de que el país “retrocedió en seguridad”.
El expresidente, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010 con una agenda centrada en la seguridad democrática, se ha convertido en uno de los principales críticos del modelo de negociación con grupos armados que promueven los actuales gobiernos.
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