Ministro de Justicia aclaró si implicados en atentado contra Miguel Uribe tendrían beneficios con la nueva ley de sometimiento: “La llave para entrar a estos procesos las tiene el Gobierno”

En medio del debate nacional por los alcances de la nueva ley de sometimiento propuesta por el actual Gobierno, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, aclaró que los autores del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe no podrán acceder a los beneficios contemplados en esta iniciativa legislativa.

Estas declaraciones se producen tras la identificación de alias Zarco Aldinever, integrante disidente de la ‘Segunda Marquetalia’, como presunto autor intelectual de la tentativa de homicidio contra el parlamentario.

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Montealegre fue enfático en señalar que, de aprobarse la nueva ley de sometimiento, ni los responsables directos ni quienes hayan participado en la planificación o ejecución del ataque contra Miguel Uribe serán admitidos dentro de los marcos de justicia transicional que promueve el Ejecutivo en el marco de la denominada “paz total”.

Durante una entrevista para Recap Blu, el Ministro precisó que “las personas que estén comprometidas con la tentativa de homicidio contra el senador Miguel Uribe jamás podrán entrar a este marco de justicia transicional o de sometimiento. Porque la llave para entrar a estos procesos las tiene el Gobierno. Solo con quien el Gobierno determine que tiene una negociación de paz, con voluntad expresa, pueden entrar. Pero quienes estén comprometidos en este atentado no podrán participar en estos modelos de justicia transicional”.

Esta postura surgió en respuesta a la preocupación de distintos sectores políticos y de la sociedad civil frente a la posibilidad de que autores de delitos de alto impacto queden cobijados por los beneficios legales que contempla el proyecto, que busca desmovilizar y reincorporar a la vida civil a organizaciones criminales bajo ciertas condiciones.

El nuevo modelo de sometimiento, uno de los ejes centrales de las políticas de seguridad y convivencia del Gobierno nacional, plantea una serie de incentivos para que miembros de bandas criminales y organizaciones armadas ilegales entreguen las armas, cesen sus actividades ilícitas y colaboren con la justicia a cambio de reducciones de pena y medidas alternativas a la cárcel.

Sin embargo, Montealegre subrayó que la iniciativa excluye del proceso a quienes hayan cometido crímenes que, por su gravedad y repercusión, son considerados incompatibles con cualquier tipo de beneficio.

El caso del senador Uribe ha servido como ejemplo para dejar claro que el Gobierno tiene control sobre la llave de acceso a los incentivos, decisión que, según Montealegre, salvaguarda el espíritu de reparación y no repetición a las víctimas de los hechos más graves.

La discusión sobre el proyecto de ley ha exponenciado las dudas hacia los grupos armados organizados de amplio alcance, como el Clan del Golfo.

Se ha cuestionado cómo enfrentará el Estado casos en los que estas estructuras piden acogerse al proceso, considerando que sus principales fuentes de ingresos provienen de actividades como la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión y el secuestro.

El ministro de Justicia detalló que la condición básica para acceder a los beneficios será el cese total de toda acción ilegal, y que el compromiso debe ser colectivo e involucrar a la totalidad de la organización, no únicamente a algunos de sus integrantes.

“Los acuerdos aquí no son individuales. La llave para entrar en estos ejes de nuevas formas de justicia transicional o de sometimiento está en el desmantelamiento de la organización. La organización tiene que cesar toda actividad ilícita. Si la minería es ilegal, debe renunciar a esa actividad. Si están dedicados al narcotráfico, tienen que detener el narcotráfico. Lo mismo frente a la extorsión y el secuestro. Ese es un tema fundamental”, indicó Montealegre.

Afirmó que la transformación de las organizaciones criminales debe ir acompañada de un proceso de transición hacia actividades legales y sostenibles dentro de los territorios en los que ejercen influencia, con miras a una reinserción plena en la sociedad.

Montealegre expuso que el diseño colombiano de ley de sometimiento está inspirado en prácticas internacionales, en particular del modelo norteamericano de “justicia premial”, el cual ha sido implementado en Estados Unidos como mecanismo para desmantelar estructuras del crimen organizado a través de acuerdos judiciales.

“Nosotros estamos siguiendo un modelo norteamericano. Los colombianos no nos inventamos las políticas de sometimiento. Estamos aplicando una política que inventó Estados Unidos que es la justicia premial y de los acuerdos. Cuando empecemos a ver el desmantelamiento de organizaciones del narcotráfico, la comunidad internacional va a reconocer que es mejor la justicia premial y negociada que apostar por la guerra total”, concluyó el ministro.

Este enfoque busca ofrecer alternativas tanto a los integrantes de los grupos ilegales como al Estado, permitiendo la desarticulación paulatina de los patrimonios ilícitos y estableciendo condiciones para la no repetición de los delitos.