Katherine Miranda se fue en contra del Pacto Histórico por presiones a la Corte Constitucional: “Violación de la separación de poderes”

La representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde, reaccionó a las presiones que desde el Pacto Histórico se estarían realizando sobre los magistrados de la Corte Constitucional encargados de evaluar la reforma pensional.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la congresista rechazó el comunicado difundido por la bancada del Pacto Histórico en el que llamaban al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente del alto tribunal, a actuar con celeridad con respecto al texto sin “interferir en las decisiones legítimas y soberanas del Congreso“.

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Frente a este panorama, Miranda estalló en contra del documento de la bancada de izquierda y lo calificó como un “irrespeto a la justicia” y una clara violación a la Constitución que establece la separación de poderes como una de las bases del sistema democrático del país.

“Irrespeto absoluto a la justicia, violación de la separación de poderes y por consiguiente a la Constitución“, escribió la congresista.

Adicionalmente, la congresista también hizo un llamado a los sectores políticos y a la sociedad en general a no normalizar los ataques y presiones a las altas cortes.

Miranda, que apoyó al entonces candidato a la presidencia Gustavo Petro, durante el cuatrienio ha adoptado una posición que la sitúa al lado de la oposición. De hecho, en cuanto a la reforma pensional, la congresista ha expresado en repetidas ocasiones sus cuestionamientos la proyecto del Gobierno.

La falta de un aval fiscal serio de la propuesta y los constantes vicios al trámite en el Congreso de la República, ha sido los aspectos más criticados por Miranda. Particularmente, son estos vicios en el trámite legislativo de la reforma, el principal argumento de la Corte para dilatar la evaluación constitucional del proyecto.

La pensional es uno de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro y por le que ha apostado buena parte de su capital político en el Legislativo. No obstante, el trámite ha contado con obstáculos de los partidos políticos declarados en independencia y oposición que insistieron en la discusión a fondo de cada uno de los artículos del texto.

Desde su primera aprobación en 2024, la reforma se encuentra surtiendo el examen del alto tribunal. Luego de la primera evaluación, el texto fue devuelto al Legislativo para corregir un vicio en el trámite por la Cámara de Representantes en 2025.

No obstante, en medio de este panorama también se generó un lío jurídico por cuenta de la ausencia de las firmas de tres magistrados, necesarias para que la Cámara fuera notificada del vicio que debía corregir. Sin embargo, esa corporación subsanó el trámite sin haber sido notificada formalmente y envío nuevamente el texto para su evaluación constitucional.

Y es que el comunicado del Pacto Histórico, criticado por la representante Miranda, devela un señalamiento en contra del presidente de la Corte Constitucional por cuenta de lo que calificaron como “actos de activismo judicial de oposición” durante la evaluación de la reforma pensional.

Según el documento, la reforma aprobada en el Congreso beneficia a cerca de tres millones de adultos mayores en el país, por lo que las constantes dilaciones de la Corte constituyen un “evidente entorpecimiento del calendario de implementación” de la reforma.

A lo largo del texto, la bancada reiteró que el magistrado Ibáñez se estaría extralimitando en sus funciones como presidente del alto tribunal, alegaron que, si bien su deber es salvaguardar la integridad de la Constitución, sus actuaciones en contra de la reforma son una interferencia en la competencia del Congreso.

“Al cuestionar amañadamente la labor del legislativo y al intervenir de manera dilatoria en el trámite legislativo, se incurre en una extralimitación que amenaza con debilitar el principio de separación de poderes y socava la legitimidad institucional“, aseguró el comunicado.

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