El municipio de Tolú, en el departamento de Sucre, se vio sacudido por un nuevo caso de violencia de género tras el homicidio de Saray Helena Díaz Meza a manos de su pareja, Alberth Antonio Chávez Morelos, un albañil que, según los registros de las autoridades, ya había sido señalado por actos previos de agresión contra la víctima.
El hecho ocurrió en el barrio El Palmar, donde el feminicidio se habría perpetrado en presencia de los hijos pequeños de la pareja. La agresión culminó en 15 heridas con arma blanca infligidas por Chávez Morelos, acción que generó alarma y conmoción en toda la comunidad local. Los gritos de la mujer y de los menores movilizaron a los vecinos, que alertaron de inmediato a la Policía Nacional.
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Entre la víctima y el agresor ya había antecedentes de violencia familiar. Desde diciembre de 2024, según las autoridades, Saray Helena presentó denuncias ante las la Policía por ataques y amenazas recibidos de su compañero sentimental. A pesar de estos hechos previos, no se estableció ningún mecanismo de protección ni se dictaron medidas cautelares que hubieran podido prevenir el desenlace fatal.
Tras la comisión del crimen, Alberth Antonio Chávez Morelos huyó de la escena, lo que provocó el inicio de una intensa búsqueda en el municipio y zonas aledañas. La población sucreña respondió con indignación y creciente inquietud ante el hecho, que refleja una preocupación latente respecto a la eficacia de los protocolos institucionales para proteger a las víctimas de violencia de género en la región.
Captura del presunto asesino
La gobernadora de Sucre, Lucy García, se pronunció sobre el caso y convocó a la ciudadanía a aportar datos relevantes que faciliten la pronta captura del presunto responsable. En respaldo a la investigación y en un intento por acelerar la acción policial, la mandataria departamental ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien suministrara información decisiva para ubicar y detener al implicado.
La presión ejercida desde los poderes locales y el rechazo social propiciaron que, horas después del suceso, Alberth Chávez Morelos optara por entregarse voluntariamente en el Centro de Atención Inmediata (CAI) del barrio Ford en Sincelejo. La Policía Nacional confirmó la presentación de Chávez Morelos en esa sede, donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumió de inmediato la investigación sobre este feminicidio y que deberá determinar los pasos judiciales a seguir y las responsabilidades correspondientes.
Mujeres en riesgo
El caso reavivó el debate en torno a las deficiencias estructurales en la protección de mujeres en riesgo, especialmente en contextos de violencia reiterada y denuncia previa. De acuerdo con las autoridades, la falta de medidas preventivas efectivas y la desprotección institucional evidencian la brecha existente entre el sistema de denuncias y la actuación concreta de las autoridades responsables de la seguridad de las víctimas.
En Tolú y otros municipios del departamento de Sucre, organizaciones sociales y colectivos de defensa de los derechos de las mujeres reiteran su reclamo por una mayor eficacia en la implementación de alertas tempranas y mecanismos de protección. Señalan que los protocolos deben activarse de forma inmediata y con recursos adecuados cuando una mujer reporta estar en peligro, a fin de impedir que casos como el de Saray Helena Díaz Meza se repitan.
El crimen ocurrido en El Palmar pone de relieve la urgencia de optimizar las rutas de atención y garantizar que las denuncias por violencia intrafamiliar se traduzcan de manera ágil en acciones preventivas, lo que evitaría la repetición de un patrón que, según estadísticas oficiales, se cobra la vida de decenas de mujeres al año en Colombia. La investigación penal en curso buscará esclarecer los hechos y derivar las responsabilidades legales, mientras la comunidad insiste en la necesidad de justicia y en la urgencia de políticas públicas más efectivas ante la violencia de género.
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