Una mirada detallada a la forma en que se están gestionando los recursos ambientales en Cundinamarca dejó al descubierto serias inconsistencias. La Contraloría Departamental, tras realizar una serie de auditorías técnicas en distintas entidades públicas y empresas prestadoras de servicios, identificó múltiples hallazgos que ponen en entredicho el uso adecuado del dinero destinado a la protección del medioambiente.
Los resultados se derivan del primer ciclo de auditorías de costos ambientales, un ejercicio de control fiscal que, por primera vez, se enfocó en evaluar con criterios técnicos y territoriales cómo se están invirtiendo los recursos asignados a la gestión ambiental. En esta fase inicial fueron revisadas 34 entidades entre municipios, empresas de acueducto, alcantarillado y aseo, así como algunas organizaciones regionales del sector.
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En total, se reportaron 78 hallazgos administrativos. De ellos, 14 podrían tener implicaciones fiscales, por un valor estimado de $429.088.651. Según explicó la entidad en un comunicado, “dichas irregularidades reflejan deficiencias en el cumplimiento de la normativa ambiental y en la ejecución de los recursos asignados a la protección del medio ambiente”.
Las auditorías estuvieron a cargo de la Subdirección de Costos Ambientales y se desarrollaron en municipios como Zipaquirá, Albán, Zipacón, Fómeque, Caparrapí, Fúquene, Guachetá, Guataquí y Venecia, así como en empresas de servicios públicos domiciliarios en localidades como El Rosal, Silvania, Viotá, Ricaurte, Subachoque, Facatativá y Agua de Dios.
El ejercicio de control se centró en tres aspectos clave, la aplicación del artículo 111 de la Constitución —que declara de interés público áreas estratégicas para el abastecimiento de agua—, la prestación eficiente del servicio de acueducto, y el cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado que ordena la recuperación del río Bogotá. Fue precisamente en este último frente donde se registraron nuevas observaciones.
El informe correspondiente al Proyecto de Adecuación Hidráulica del Río Bogotá reveló vacíos en la ejecución de acciones ambientales. Se mencionan fallas en el seguimiento a programas de revegetalización, ausencia de evidencias sobre actividades de recuperación ecológica y deficiencias en la trazabilidad de compromisos previamente adquiridos. También se detectaron limitaciones en la calidad de los informes técnicos y falta de soporte documental en la verificación de resultados.
Adicionalmente, se hicieron observaciones a empresas responsables de interventorías ambientales, en especial por no garantizar el seguimiento riguroso de las obligaciones contractuales. En algunos casos, no se encontraron los soportes necesarios para comprobar la ejecución de los trabajos o el cumplimiento de estándares mínimos de gestión ambiental.
Pese a este panorama, la Contraloría también destacó aspectos positivos. Producto de las auditorías, se lograron cuantificar 14 beneficios de control fiscal por un total de $23.520.335, asociados a mejoras en los procesos administrativos, que permitirán un uso más eficiente de los recursos. Además, se identificaron cuatro beneficios cualificables, avances no monetarios, como la actualización de manuales, el fortalecimiento institucional y ajustes en los procedimientos de contratación.
En paralelo, también fueron evaluadas empresas de servicios públicos como Aguas de Beltrán, la Empresa Regional del Gualivá, Aguas de Facatativá y la Empresa de Acueducto y Aseo de Zipacón, entre otras. Cada una fue analizada en función de su desempeño ambiental y el manejo financiero de los recursos públicos asignados.
Por ahora, la Contraloría no indicó si los hallazgos con posible connotación fiscal darán paso a investigaciones disciplinarias o sanciones individuales. Sin embargo, dejó claro que continuará con nuevas fases de auditoría durante lo que resta del año, con el objetivo de asegurar que los recursos destinados a la sostenibilidad ambiental realmente cumplan su propósito.
La entidad reiteró que el control fiscal no solo busca sancionar irregularidades, también prevenir fallas estructurales en la gestión pública. Por eso, el seguimiento será constante, especialmente en los municipios y empresas que manejan servicios esenciales vinculados al agua y al saneamiento básico, sectores clave para garantizar el equilibrio ecológico y la calidad de vida en el territorio cundinamarqués.
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