Corte Suprema reconoció a Gustavo Petro como víctima en el juicio al exdirector del DAS por “chuzadas” durante el gobierno de Álvaro Uribe

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia reconoció al presidente Gustavo Petro como víctima en el juicio que se adelanta contra Andrés Peñate, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por las “chuzadas” ilegales en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

El periodista Daniel Coronell también fue reconocido como víctima por el alto tribunal. Las interceptaciones ilegales se registraron entre 2005 y 2027.

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La Sala Especial de Primera Instancia también reconoció como víctima al partido Polo Democrático a seis magistrados de la Corte Suprema de Justicia (Luis Javier Osorio, Sigifredo Espinosa Pérez, Pedro Octavio, Jorge Luis Quintero Miranés, Javier de Jesús Zapata Ortiz, Alfredo Gómez Quintero) y al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

El abogado del jefe de Estado, Alejandro Carranza, aseguró en el proceso contra Peñate que el DAS convirtió a Gustavo Petro, entonces senador de la República como “enemigo interno”.

“El daño que sufrió el senador Gustavo Petro frente a las presuntas condutas consistió en afectar su libertad y su ejercicio democrático”, indicó Carranza.

Y agregó: “El hecho de que el estado hubiese utilizado sus elementos para afectarlo en sus derechos de intimidad y la acción política constituyó un perjuicio y un daño moral”, indicó el abogado".

Carranza insistió que el presidente Gustavo Petro es un “claro ejemplo” de “persecución”.

“Nosotros conocemos que toda esa violencia que ha sufrido el país, que toda la polarización que ha sufrido el país, viene precisamente de construir enemigos internos. Y el hoy presidente de la República, pues es un claro ejemplo de lo que significa esa persecución”, aseveró Alejandro Carranza.

Andrés Peñate es acusado de presuntamente participar en interceptaciones ilegales por parte de agentes del DAS contra magistrados del Corte Suprema, periodista y políticos de oposición.

En la audiencia, el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad afirmó que no ordenó ni autorizó el uso de la entidad para ese fin.

“Frente a la decisión de la Fiscalía de llamarme a juicio ante la Corte Suprema de Justicia por hechos ocurridos durante mi gestión (noviembre 2006 – agosto 2007) como director del extinto DAS, reitero enfáticamente que jamás ordené, autoricé ni toleré el uso de la entidad para perseguir a opositores, oficiales del gobierno o miembros de otras ramas del poder público. Las actuaciones que acontecieron en las administraciones anterior y posterior a mi gestión no me corresponden", aseveró Peñate.

Y agregó: “Como lo he manifestado de manera constante, en ningún momento robé, impartí ni toleré órdenes que permitiesen el espionaje a la oposición, medios de comunicación, cortes u organismos de control, ni tampoco que la entidad del Estado que dirigí pudiera violar derechos ni libertades de los ciudadanos. Por el contrario, en numerosas ocasiones fui enfático en rechazar y advertir que no admitiría ninguna práctica contraria a la ley”.

El exdirector del DAS indicó que respetará el debido preciso y que defenderá “su conducta ejemplar” cuando estuvo a cargo de la entidad.

“Me apersonaré de mi defensa, respetaré el debido proceso, ratificaré con claridad mi conducta ejemplar en el ejercicio del cargo y ejerceré en estricto derecho mi defensa ante la Corte Suprema de Justicia.”, indicó.

Andrés Peñate afirmó que “durante mi gestión al frente del DAS, existieron una ética institucional intachable y una gestión ceñida a la ley. No avalé la realización de prácticas ilícitas contra opositores, periodistas, ONG, defensores de derechos humanos, ni otros funcionarios del Estado o miembros de la sociedad civil. Reitero el absoluto compromiso con la verdad y el respeto por la justicia".

Finalmente, indicó que el escándalo afecta la imagen de las instituciones y deriva en investigaciones a personas que actuaron con “estricta legalidad”.

“Lamentablemente el escándalo surgido por prácticas indebidas que se investigan ha generado consecuencias que afectan la imagen y confianza en las instituciones, derivando en investigaciones judiciales que hoy nos involucran a quienes actuamos de buena fe y bajo parámetros de estricta legalidad”, puntualizó.