La Cancillería colombiana y la Imprenta Nacional formalizaron un nuevo convenio para asumir la producción, personalización y distribución de pasaportes bajo el modelo ordenado por el presidente Gustavo Petro, en medio del proceso de transición que pondrá fin al contrato con la firma Thomas Greg el próximo 31 de agosto.
A las 7 p. m. del viernes 17 de julio, el acuerdo interadministrativo fue subido oficialmente al portal Secop.
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El documento, conocido y publicado por El Tiempo, contempla el “aunar esfuerzos administrativos y técnicos, para la implementación del nuevo modelo del servicio de pasaporte en lo que respecta al suministro y personalización de libretas de pasaporte y etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica, incluyendo la custodia y entrega del documento final en las sedes designadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, siendo el ejecutor la Imprenta Nacional de Colombia”.
La firma de este convenio surge a pocas semanas del vencimiento del contrato oficial con Thomas Greg, mediante el cual, durante años, se realizó la producción de pasaportes en el país.
La decisión de cambiar de operador se conoció tras duras críticas del presidente Petro hacia esa empresa, en un proceso que ha sido observado por entes de control y que derivó en diversos pronunciamientos públicos.
De acuerdo con el convenio, la Imprenta Nacional certificó su capacidad para liderar este desafío. El documento señala que la entidad “posee la capacidad técnica y operativa, para desarrollar el objeto del presente convenio”, y que se compromete a garantizar “en la forma y términos establecidos” todos los procesos requeridos.
Para ello, se elaboró un cronograma de actividades con los tiempos y estándares requeridos internacionalmente, orientado a la implementación del nuevo servicio de pasaportes.
Esta misma ruta se aplicó previamente en la producción de cédulas de extranjería. Sin embargo, la experiencia ha estado marcada por tropiezos, ya que la Procuraduría abrió investigaciones a raíz de presuntas fallas en la impresión de esos documentos, tanto contra la cabeza de la Imprenta Nacional como de Migración Colombia.
Pese a los interrogantes previos y a declaraciones desde la Cancillería sobre la preparación técnica de la Imprenta –incluyendo la versión de que no estaba lista para asumir el reto–, el convenio sostiene que la entidad sí cumple con los requisitos para liderar todo el proceso.
En la ejecución del nuevo esquema, la Imprenta Nacional será responsable de todas las etapas del proceso: producción, personalización y distribución de pasaportes y visas colombianas, así como la custodia y entrega de los documentos finales en las sedes designadas por la Cancillería.
El convenio incluye la posibilidad de que la Imprenta seleccione aliados estratégicos para optimizar la producción y la distribución de las libretas de pasaportes y visados.
Aunque existían expectativas sobre una alianza con Portugal –la llamada “opción Petro” para internacionalizar el modelo de pasaportes–, el acuerdo formal no menciona a dicho país ni obliga a involucrar a un socio extranjero específico en esta fase inicial.
No obstante, el texto permite “suscribir los contratos derivados que se requieran en el marco del nuevo modelo”, en los que se deberán respetar las condiciones técnicas, de calidad y seguridad, como se estipule en los anexos técnicos de cada contrato que se firme hacia el futuro.
El alcance del convenio también define el papel correspondiente a las diferentes entidades vinculadas en el proceso. Por un lado, la Imprenta Nacional tendrá a su cargo toda la gestión operativa del nuevo modelo, desde la producción hasta la entrega.
Por otro lado, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia asumirán los procesos y procedimientos que, de acuerdo con la ley, se desprenden de sus competencias.
Sobre la ejecución del convenio, el texto aclara que se llevará a cabo hasta el 31 de diciembre de 2034 en Bogotá y en cualquier otra ciudad donde el Fondo Rotatorio lo requiera, de acuerdo a lo que se establezca en el anexo técnico. No se precisa si esta medida tendrá impacto o ejecución en sedes consulares fuera de Colombia.
En cuanto a los recursos, el convenio aclara que “no tiene recursos para su ejecución” en esta etapa, y que cada entidad deberá hacer las asignaciones presupuestales correspondientes en cada vigencia fiscal para suscribir los contratos derivados y así garantizar el servicio de acuerdo con los requerimientos técnicos.
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