
El magistrado saliente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes, lanzó una pregunta que resuena con fuerza en el debate nacional sobre la crisis del sistema de salud en Colombia.
“¿Qué deberían hacer las personas ahora vestidas de luto? Cuando se enteren que quizá la pérdida de su ser querido quizá tuvo más razones que su mal estado de salud. Esa es la pregunta”, planteó Reyes durante una intervención pública, en la que cuestionó la presunta responsabilidad del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y del Estado en las muertes derivadas del desabastecimiento de medicamentos y la falta de atención en clínicas y hospitales.
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La intervención de José Fernando Reyes se produjo en un contexto de creciente preocupación por el deterioro del sistema de salud colombiano, un tema que ha ocupado la atención de la Corte Constitucional a través de su Sala Especial de Seguimiento.
El magistrado, con tres décadas de experiencia como juez penal, explicó que en derecho penal existe el concepto de “deber de garante en los delitos de omisión”, una figura jurídica que atribuye responsabilidad penal a quien, por su cargo o función, tiene la obligación de evitar un resultado lesivo y no lo hace.
“En palabras simples puede decirse que el garante de la salud de los colombianos es el Estado, cuyo representante es el ministro de Salud. La omisión impropia, en derecho penal, básicamente se explica como la posibilidad que tiene un juez de concluir que alguien causó un resultado, por ejemplo, la muerte, y, por tanto, imponerle una pena si tenía la obligación de evitar ese resultado”, detalló Reyes.

El magistrado recurrió a una analogía contundente: “Como el caso de un salvavidas, aquí lo pongo claro, un salvavidas en una piscina que lo contrató el dueño del hotel para que esté el salvavidas y el salvavidas se dedica a mirar el a chatear con la novia por el WhatsApp y se le muere un niño. ¿Quién es el responsable de la muerte del niño? El salvavidas, porque tenía la obligación de evitar el resultado muerte del niño en la piscina. Está claro, ahora sí, ¿cierto? Ya todos somos magistrados en derecho penal”, explicó Reyes.
La Corte Constitucional ha venido alertando sobre la crisis del sistema de salud, señalando que las fallas estructurales han provocado “enormes tasas de muerte por desabastecimiento de medicamentos y la falta de atención en clínicas y hospitales por carencia de personal y de insumos”.
La Sala Plena del alto tribunal también abordó la responsabilidad del Gobierno en el deterioro financiero de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), lo que ha motivado intervenciones administrativas recientes.
El 26 de junio, la Corte anuló la resolución que ordenaba la intervención de la EPS Sanitas, la segunda más grande del país, y atribuyó la crisis a la desobediencia del ministro Jaramillo respecto a las órdenes de ajustar y pagar los saldos de los presupuestos máximos y de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Esta insuficiencia, según la Corte, se tradujo en el desmejoramiento de los servicios de salud.

En palabras del tribunal, “al no valorar el impacto que las órdenes impartidas por la Corte Constitucional tenían sobre la situación de la EPS, especialmente en su condición financiera, la Superintendencia Nacional de Salud desconoció que del nivel de cumplimiento de los estándares fijados por la Sala Especial de Seguimiento en Salud se derivaban consecuencias directas y profundamente relacionadas con el análisis de las causas que podrían justificar una intervención administrativa sobre EPS Sanitas”.
El conglomerado Keralty, propietario de Sanitas, anunció que emprenderá acciones legales para individualizar responsabilidades en lo que ha calificado como una “toma hostil” de la entidad.
La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de su cuenta oficial en la red social X, antes Twitter, el mandatario defendió con vehemencia la gestión de su ministro de Salud y rechazó las acusaciones de homicidio por omisión. “El magistrado Reyes aquí está prejuzgando y de manera grave, porque acusa a mi ministro de salud de homicidio por omisión, cuando mi ministro ha salvado miles de vidas de niños y niñas, y mujeres en embarazo. El ministro Jaramillo merece la cruz de Boyacá y se la voy a otorgar”, escribió Petro, en una de las respuestas más directas a la controversia.
El presidente fue más allá y cuestionó la narrativa que responsabiliza al Gobierno por la crisis, señalando a otros actores del sistema. “¿Es que no bastan las acciones policiales de incautación de medicinas compradas por el gobierno, y que encuentran en las bodegas de los gestores farmacéuticos? ¿No ve que allí están los homicidas por omisión? No es el que paga las medicinas, el homicida; es el que las acapara”, afirmó Petro.
En su extenso mensaje, el presidente también abordó el manejo financiero de las EPS y la distribución de recursos públicos. “¿No ve los billones de pesos perdidos en las cuentas de las EPS? ¿Es que no ve que las EPS intervenidas pudieron reducir sus deudas y las no intervenidas las duplicaron? ¿Es que no ve que gracias a nuestro modelo preventivo detuvimos la expansión de la peste amarilla?”, cuestionó Petro.

El mandatario destacó que su gobierno ha pagado todos los medicamentos para enfermedades huérfanas, de alto costo y crónicas, pero denunció que las EPS no los entregan a los pacientes. “¿No ve que el gobierno pagó todas los medicamentos de enfermedades huérfanas, de alto costo y crónicas, y no las entregan en las EPS a los pacientes?”, insistió Petro, quien también criticó la gestión de la EPS Coosalud, dirigida por familiares de los expresidentes Pastrana y Santos, por haber triplicado sus deudas con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) en un año.
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