Mientras la intervención estatal sobre la EPS Sanitas sigue en vigor y el grupo Keralty no ha recuperado su control operativo, las disputas legales entre la empresa y el gobierno colombiano se intensifican.
El 16 de julio, el abogado Juan David Riveros, apoderado de Keralty, presentó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia contra el presidente Gustavo Petro por injuria, calumnia y actos de discriminación, según informó El Tiempo.
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La denuncia se fundamenta en las declaraciones de Petro durante su alocución presidencial del martes anterior, reforzadas en un consejo de ministros. El presidente acusó a la compañía y a su directivo, el español Joseba Grajales, de apropiarse de recursos públicos, financiar ilegalmente campañas políticas y participar en crímenes de lesa humanidad.
“Keralty cometió el crimen de financiar la política con dineros públicos, y está en la impunidad. Es intocable para jueces y fiscalías, porque no solo compra la política. Keralty, solo para seguir extrayendo el dinero colombiano para España, ha bloqueado el desarrollo de la reforma en la salud en perjuicio de toda Colombia, y eso no debe quedar en la impunidad”, afirmó Petro. Añadió que “hay que adelantar la investigación incluso en la justicia de España y la europea”.
Riveros sostiene que estas afirmaciones constituyen una conducta sistemática del presidente, con al menos tres eventos adicionales documentados, incluyendo la marcha del 1 de mayo y un acto del 4 de abril de 2024, donde Petro habría lanzado acusaciones falsas. Según el abogado, se trata de “una manifestación arbitraria que vulnera de forma directa el bien jurídico protegido, causando una lesión efectiva al derecho a la honra del directivo señalado”.
La querella también denuncia que al referirse a Grajales como extranjero, las declaraciones “constituyen una restricción directa y efectiva del pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Al impedir su entrada y permanencia en territorio colombiano por consideraciones vinculadas a su nacionalidad, se está restringiendo de manera concreta el derecho a la libre circulación y a ejercer actividades económicas legítimas en el país”.
En diálogo con El Tiempo, Riveros señaló que “hasta el momento, no se ha materializado la devolución efectiva de la EPS a sus propietarios originales, lo que podría constituir una restricción concreta y continuada de derechos fundamentales motivada en su totalidad por consideraciones de nacionalidad”. También afirma que al calificar a Grajales como “criminal”, sin fundamento jurídico, “se evidencia que las medidas restrictivas tienen como fundamento la nacionalidad española del directivo”.
Además, Riveros presentó otra denuncia ante la Fiscalía contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por declaraciones en La W Radio. “Llevo desde el 2023 pidiendo que levanten el velo corporativo de Sanitas. El señor Grajales recibió 2.300 millones de dólares que no se le auditan, mientras él decía que no tenía plata para seguir atendiendo... En un solo año sus empresas en Colombia tuvieron utilidades por más de 600.000 millones de pesos”, dijo el ministro. Jaramillo añadió: “El presidente está más informado... seguramente tendrá una información que yo no tengo”.
Para Riveros, estas afirmaciones “no solo carecen de fundamento fáctico, sino que afectan gravemente el derecho a la honra y al buen nombre de mi representado”.
En dialogos con Caracol Radio, el abogado reiteró que la administración de Sanitas sigue bajo control de la Superintendencia Nacional de Salud, pese a la sentencia judicial que ordenó su restitución.
Consultado sobre el calificativo de “criminal” que usó Petro, Riveros respondió: “Ese es un comportamiento que ha tenido el presidente, no tenemos nosotros claro qué lo motiva... No queremos ni vamos a caer en el juego de personalizar y descalificar, porque lo que está en juego es realmente el sistema de salud”.
Riveros destacó que desde 2011, Sanitas y sus directivos han sido objeto de investigaciones por la Superintendencia, Fiscalía y Contraloría, pero “no existe ni un solo fallo en ninguna de esas entidades que sea adverso a algún ejecutivo de la organización o de la EPS”.
Riveros también cuestionó las cifras de deuda del sistema de salud presentadas por el gobierno: “El presidente habló de una deuda de 100 billones de pesos de las EPS... los datos oficiales dicen que las deudas reconocidas de todas las EPS son 13.9 billones de pesos... ese valor corresponde a la operación de 50 días del sistema de salud en Colombia”.
Respecto a los efectos de la intervención, afirmó que “aumentaron en un 35% las tutelas”, comparando 2023 con 2024. Además, dijo que los pagos a prestadores pasaron de 35 días a 90 o 120 días. Finalmente, insistió en el compromiso del grupo: “Llevamos en Colombia más o menos 40 años... vamos a seguir haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para continuar aportando”.
Hasta el momentoi, se sabe que Keralty prepara nuevas acciones legales, incluidas instancias internacionales, en defensa de sus directivos y operaciones en Colombia.
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