El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, lanzó una crítica directa al gobierno del presidente Gustavo Petro por lo que considera resultados insuficientes en la lucha contra los cultivos ilícitos, y advirtió que la persistencia y expansión de estas siembras es uno de los principales factores que alimenta el crecimiento de las bandas criminales en las ciudades.
“Estamos acompañando desde el Distrito, pero el tráfico de drogas es una situación que si no se ataca de raíz y por completo, se sigue reproduciendo”, dijo Galán al referirse a los operativos recientes contra organizaciones delincuenciales que operan en varias localidades de la capital.
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El mandatario distrital señaló que, pese a las capturas y esfuerzos operativos, las estructuras criminales se regeneran con rapidez.
“La gente, con razón, nos dice frustrada muchas veces: ‘vengan, pero vemos que capturan a miembros de una organización criminal, y después aparece otra, y otra, y otra’. Y es cierto. Tiene razón la gente”, reconoció Galán, quien insistió en que las autoridades no pueden bajar la guardia, pero advirtió que el problema no se resolverá sin atacar su raíz.
“¿Qué vamos a hacer para que de raíz este problema lo podamos resolver como sociedad? Mientras que sigan creciendo las hectáreas de droga en Colombia, mientras que siga creciendo la producción de droga en Colombia, ese es el combustible para que este tipo de bandas se reproduzcan en nuestras ciudades”, afirmó.
Con este pronunciamiento, Galán se suma a las voces que desde distintos sectores han puesto en duda la efectividad de la actual estrategia antidrogas del gobierno Petro, especialmente frente al aumento de cultivos ilícitos en regiones como el Catatumbo, el Cauca y el Pacífico nariñense.
Aunque el Gobierno Nacional ha insistido en que su política de “Paz Total” incluye enfoques alternativos al prohibicionismo, como la sustitución voluntaria y la regulación progresiva de algunas sustancias, los resultados en erradicación forzada han caído significativamente, mientras los informes internacionales señalan un repunte en la producción de cocaína.
Galán consideró necesario abrir un debate nacional serio sobre el rumbo de la política antidrogas: “Yo sí creo que es importantísimo dar ese debate. Un debate de fondo sobre cómo logramos cambiar esta realidad”
La preocupación expresada por Galán coincide con el más reciente Informe Mundial sobre Drogas 2025 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), que advierte sobre un crecimiento sin precedentes en la producción y consumo de cocaína a nivel mundial, impulsado en gran medida por la situación en Colombia.
Según el informe, en 2023 se produjeron 3.708 toneladas de cocaína pura, lo que representa un aumento del 34 % frente a 2022 y diez veces más que hace una década.
Colombia es protagonista de este fenómeno: en ese año se registraron 253.000 hectáreas sembradas con hoja de coca, lo que representa cerca de dos tercios del total mundial.
En paralelo, Colombia también lideró las incautaciones. Solo en 2023, las autoridades decomisaron 746.285 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 99.356 kilogramos de pasta base, sumando más de 845 toneladas de droga.
A ello se suman más de 1,3 millones de kilogramos de precursores químicos como acetona, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y permanganato de potasio, todos clave en la producción de cocaína.
La hoja de coca decomisada también mostró un aumento: 984.366 kilogramos, frente a los 676.210 del año anterior, lo que sugiere un crecimiento en la superficie cultivada o en la capacidad de interdicción del Estado.
El informe también reporta un incremento en otras incautaciones: cannabis, heroína y éxtasis.
Pero más allá de las cifras, el informe advierte sobre el papel de las organizaciones criminales que dominan el negocio del narcotráfico en Colombia.
Según la Onudd, estos grupos no solo trafican drogas, sino que buscan ejercer control territorial y social a través de la violencia, la corrupción y la imposición de normas paralelas a las del Estado.
En ese contexto, menciona como ejemplos a las disidencias de las Farc-EP, las extintas AUC y otras estructuras similares, que combinan actividades legales e ilegales, y financian su expansión con ganancias del narcotráfico.
Las Farc-EP, en particular, han mantenido el control sobre regiones del suroeste colombiano y son responsables de buena parte del aumento en la producción de droga, según el reporte.
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