El presidente Gustavo Petro expresó su respaldo a Juliana Guerrero, coordinadora de gabinete del Ministerio del Interior, tras las críticas surgidas por el uso de una aeronave de la Policía Nacional en un vuelo realizado el 20 de junio.
Según denuncias, Guerrero habría viajado con un familiar, lo que motivó cuestionamientos sobre un posible uso personal del avión oficial.
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Ante al caso de la funcionaria, el presidente decidió referirse al tema durante la alocución presidencial que se llevó a cabo en la noche del martes 15 de julio, espacio en el que respaldó la utilización del avión por parte de Guerrero.
“Critican a una niña porque el ministro la mandó a hacer un mandado que no era para él, sino para Colombia, porque va en un avión”, afirmó Petro ante la polémica.
El mandatario también comparó este caso con otros supuestos usos de recursos públicos en el país.
“No critican que todos los días salen en aviones en Colombia, pagos con el dinero público, a enriquecer el patrimonio particular a través de clínicas de su propiedad, de los dueños de las EPS”, agregó el presidente.
Mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación disciplinaria previa contra Juliana Guerrero para esclarecer si hubo utilización indebida del avión PNC-042 de la Policía Nacional.
El organismo investiga si la funcionaria se desplazó con familiares y amigos fuera de las funciones que corresponde a su cargo.
La procuraduría abrió indagación al caso de la funcionaria
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación previa por el presunto uso irregular de una aeronave oficial por parte de Juliana Guerrero, funcionaria del Ministerio del Interior elogiada en ocasiones recientes por el presidente Gustavo Petro.
De acuerdo con las indagaciones, Guerrero habría utilizado un avión de la Policía Nacional para trasladar a familiares y amigos en un vuelo desde Valledupar hacia Bogotá el 20 de junio de 2025.
La aeronave, con matrícula PNC-042, habría realizado trayectos que no respondían a necesidades institucionales, sino a fines personales, lo que motivó la apertura de la investigación disciplinaria. La Procuraduría busca establecer la responsabilidad del Ministerio del Interior y de los funcionarios involucrados por el eventual uso indebido de recursos públicos.
La denuncia se centra en Guerrero, quien habría viajado acompañada de un familiar a Valledupar. Las autoridades pretenden esclarecer también si en el regreso, ocurrido el 20 de junio, el desplazamiento incluyó a más allegados de la funcionaria, utilizando la misma aeronave oficial para fines distintos a los institucionales.
El organismo de control solicitó pruebas documentales sobre el cargo de la funcionaria, los motivos del vuelo, la tripulación, la lista completa de pasajeros y la carga transportada, así como información sobre posibles convenios entre el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para el uso de aeronaves oficiales. “Identificación del vehículo aéreo. Nombre e identificación de la tripulación a bordo (se deberá dar datos exactos de contacto de estas personas)”, indica una de las solicitudes de la Procuraduría, que incluyó además información sobre los pasajeros de los vuelos de ida y vuelta y documentos que justifiquen el viaje.
Juliana Guerrero Jiménez, de 22 años, ha ocupado varios cargos de alto nivel en el actual Gobierno, incluyendo jefatura de gabinete presidencial, asesora del Ministerio del Interior y encargada de la oficina de despacho de la Presidencia, a pesar de no contar con estudios profesionales completos. El presidente Gustavo Petro la reconoció públicamente en un Consejo de Ministros, calificándola como una mujer joven y rebelde.
Documentos publicados por medios nacionales han mostrado cómo Guerrero fue delegada oficialmente para representar a altos funcionarios, como el exministro Armando Benedetti, ante el Fondo de Igualdad, que administra recursos superiores al billón de pesos. Guerrero también ha mantenido vínculos con el Ministerio de Igualdad y con el entonces director del Fondo de Igualdad, Ricardo Suárez, quien además colaboró en la designación de personal dentro de esa entidad.
La investigación se mantiene en curso para determinar el alcance de la posible responsabilidad disciplinaria de los funcionarios involucrados y el impacto del uso irregular de recursos públicos en este caso.
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