
Durante la alocución presidencial y el Consejo de Ministros del martes 15 de julio de 2025, el presidente Gustavo Petro lanzó fuertes cuestionamientos a Joseba Grajales, propietario de la empresa Keralty, encargada de la EPS Sanitas, calificándolo como un “criminal” por supuestas financiaciones de la compañía multinacional a campañas políticas.
“El dueño de Keralty es un criminal en Colombia y tiene que irse (...) Así me toque hablar con el rey de España o con el que sea. Aquí está prohibido financiar las campañas con dineros extranjeros”, dijo el mandatario en su intervención.
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Las palabras del jefe de Estado colombiano generaron diferentes reacciones en el país. Algunos cuestionaron la frase utilizada por el presidente Petro, mientras que otros salieron en defensa del mandatario, señalando que tendría sus razones para cuestionar a la empresa internacional.
Es el caso del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que, en diálogo con W Radio, aseguró que el presidente tiene sus razones de fondo para referirse al dueño de Keralty como un ‘criminal’.
“El presidente sabe más que uno. El presidente está más dateado. A veces uno se queda aterrado porque me dice: ¿usted está tal cosa? Presidente, yo no estoy enterado eso, él está más enterado y él sabrá exactamente por qué lo dice”, dijo el jefe de cartera en el citado medio de comunicación.

Igualmente, Jaramillo enfatizó en que desde 2023, el ministerio ha solicitado el velo corporativo de Sanitas a Keralty, aspecto que, según el funcionario, no se ha producido.
“Llevo desde el 2023 pidiendo que levanten el velo corporativo de Sanitas. El señor Grajales recibió 2.300 millones de dólares que no se le auditan, mientras él decía que no tenía plata para seguir atendiendo, creándonos un caos. En un solo año sus empresas en Colombia tuvieron utilidades por más de $600.000 millones de pesos en la época de la pandemia, en un solo año, aun así, este señor sacó a sus trabajadores a salir a protestar contra el Gobierno de Colombia”, aseveró.

Respuesta de Keralty a Petro
Ante las polémicas declaraciones del presidente Gustavo Petro, Joseba Grajales, presidente del Grupo Keralty, se defendió de las acusaciones del mandatario colombiano, e incluso no descartó presentar una denuncia, al considerar que lo dicho por Petro afectan su reputación en el país.
“Estas reacciones no solo constituyen un atropello a las instituciones, sino una campaña sistemática de desinformación, plagada de mentiras, calumnias e insultos que buscan socavar, sin fundamento alguno, la legitimidad de nuestro trabajo, el valor de nuestra historia y la reputación de quienes lideramos con responsabilidad y compromiso”, se lee en la misiva.

Además, Grajales subrayó el compromiso de la organización con la honestidad, la transparencia y el respeto a la dignidad de pacientes, trabajadores y usuarios, valores que considera esenciales para su misión.
“Quiero ser claro: la honestidad, la honradez, la ejemplaridad y la trayectoria de una persona, y de una organización, no las conceden los resentidos, ni pueden ser cuestionadas por quienes habitan en la mentira o se rodean de figuras con pasados oscuros y conductas que no son modelo para nadie. Como nos enseñaron nuestros padres, la virtud se demuestra en la vida vivida con coherencia, y no puede ser destruida por quienes no la conocen ni la practican”, indicó.
Además, señala que los ataques “permanentes y sin fundamento” han intentado destruir la confianza en el grupo, y calificó de “resentidos” a aquellos que los están cuestionando.

“Como nos enseñaron nuestros padres, la virtud se demuestra en la vida vivida con coherencia, y no puede ser destruida por quienes no la conocen ni la practican”, agregó.
Por último, Joseba Grajales anunció que ha instruido al equipo jurídico de la organización para iniciar acciones legales en instancias nacionales e internacionales contra el presidente, miembros de su gabinete y cualquier persona o entidad que, según la compañía, haya participado en la difusión de información falsa o contribuido a afectar la imagen del grupo.
El conflicto se desarrolla en un contexto de crisis en el sistema de salud colombiano, con varias EPS, entre ellas Sanitas, advirtiendo sobre problemas financieros y la posibilidad de retirarse del sistema. La eventual salida de Sanitas supondría la reubicación de más de 5 millones de afiliados, un proceso de alto impacto para el sector.
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