En la tarde del 15 de julio de 2025, la Procuraduría anunció la apertura de una investigación formal en contra del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y su entonces secretaria privada, María Camila Villamizar, por cuenta de presuntas irregularidades en la destinación de los recursos del fondo fijo entre 2020 y 2022.
Según la entidad, desde la alcaldía de esa ciudad se habrían aprobado pagos sin haber superado el respectivo trámite legal exigido por la ley. El documento expresa que entre los pagos realizados se encuentran viajes del entonces mandatario y otros funcionarios, así como la respectiva asignación de recursos por viáticos de los traslados.
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“Procede el despacho a evaluar los presupuestos para el inicio de investigación disciplinaria, con fundamento en la compulsa de copias ordenada en el numeral 22.1 y 22.2 del auto de formulación de cargos del 13 de septiembre de 2024 por las presuntas irregularidades en la administración y manejo de los fondos fijos reembolsables de la caja menor del despacho del alcalde de Medellín” dicta el documento.
El texto con fecha del 1 de julio de 2025, le da la competencia a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de esa entidad para investigar al también precandidato presidencial y su entonces secretaria de Gobierno y secretaria privada por los hechos ocurridos cuando el primero se desempeñaba como alcalde de Medellín.
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La Procuraduría, por medio del documento, inicio una investigación disciplinaria en contra del exmandatario y adicionalmente, solicitó a la alcaldía de esa ciudad los documentos que constaten los cargos desempeñados por Villamizar en los años por la que la investigan. La entidad también solicitó los datos de contacto de la exfuncionaria.
También, pidió que la Alcaldía de Medellín sea objeto de inspecciones disciplinarias con el fin de recolectar documentos relacionados con la gestión del Fondo Fijo que, permitan determinar la trazabilidad de los recursos implicados.
Las acciones del Ministerio Público buscan, también, resolver si, los pagos por los que los exfuncionarios son investigados, cumplían con la normativa establecida para la destinación de recursos de la caja menor de las instituciones públicas.
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Las solicitudes de la Procuraduría también incluyen el apoyo técnico a la Dirección de Investigaciones para que emitan los respectivos informes que permitan recolectar material probatorio en contra del exmandatario y su exfuncionaria.
Así ocurrieron los hechos por los que los investigan
Según el documento, las acciones de la Procuraduría tienen su origen en octubre de 2023, cuando producto del estallido del escándalo, la entidad ordeno a la Dirección de Investigaciones revisar el caso.
Seguido de esto, en septiembre de 2024 la misma entidad solicitó compulsar copias para determinar si las conductas de Quintero y Villamizar daban lugar a una investigación diciplinaria.
Por su parte, la Contraloría General, entidad encargada de vigilar la destinación de los recursos públicos, encontró gastos por cerca de 117 millones de pesos que, según los documentos emitidos por Quintero, habría sido usados para la manutención del exmandatario durante viajes oficiales.
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Sin embargo, esa entidad también corroboró que mientras los gastos eran sustentados como parte de la manutención del exalcalde, también se legalizaban, en el Fondo Fijo de la Alcaldía de Medellín, pagos en restaurantes ubicados en exclusivos sectores de la capital paisa. Lo que para las instituciones calificaría como un doble cobro por conceptos iguales.
Paralelamente, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación en contra del precandidato presidencial y otros exfuncionarios de la alcaldía por el delito de peculado por apropiación. No obstante, aún no se ha generado una decisión al respecto por el caso.
Los organismos de control alegan que estos gastos mermaron el patrimonio de la ciudad y violentaron la normativa para el manejo de recursos públicos.
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