La Corte Suprema de Justicia abrió una nueva investigación formal contra el congresista chocoano Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera, del Partido Liberal, por su presunta participación en actos de corrupción relacionados con la contratación pública durante su gestión como gobernador del Chocó y representante a la Cámara.
La Sala de Instrucción del alto tribunal lo investiga por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en relación con un contrato para la prestación de servicios de salud a poblaciones vulnerables del departamento.
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Según el expediente, el contrato fue adjudicado a una fundación sin experiencia técnica ni trayectoria comprobada, lo que genera dudas sobre la legalidad del proceso y posibles desviaciones de recursos públicos.
El caso se suma a una larga lista de procesos que rodean a Palacios Mosquera, quien en 2023 era el congresista con más investigaciones disciplinarias abiertas ante la Procuraduría General.
Durante su carrera política, ha enfrentado más de 20 investigaciones, varias de ellas aún activas, por hechos ocurridos durante su paso como alcalde de Istmina (2008–2009) y como gobernador del Chocó (2016–2019).
Uno de los casos más avanzados es el que involucra la remodelación de la plaza de mercado de Istmina, donde la Corte dejó en firme las acusaciones contra Palacios por presuntas irregularidades en la contratación.
En ese proceso, la Sala Especial de Primera Instancia indaga si hubo violación de los principios de planeación, transparencia y economía, al adjudicar un contrato sin los estudios técnicos mínimos requeridos: arquitectura, suelos y medioambientales.
Otras investigaciones se relacionan con presunto constreñimiento a contratistas, así como con anomalías en el contrato para la masificación del gas en varios municipios del Chocó.
También están en la mira las irregularidades en la construcción de la primera etapa de la Universidad Tecnológica del Chocó en Istmina —caso que también investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)—, y un contrato de obra para el Hospital Lascario Barbosa en Acandí, que para 2023 seguía sin concluirse, pese a los millonarios desembolsos.
A pesar de esta acumulación de procesos judiciales y disciplinarios, Palacios Mosquera no ha sido sancionado ni condenado en firme, lo que le ha permitido conservar su curul en el Congreso.
Actualmente, hace parte de la Comisión Segunda Constitucional Permanente, de la Comisión Legal Afrocolombiana y de la Comisión Especial de Vigilancia al Organismo Electoral.
El congresista, elegido por la circunscripción territorial del Chocó, no se ha pronunciado públicamente sobre esta nueva decisión de la Corte Suprema.
Mientras tanto, el alto tribunal continúa con la recolección de pruebas y testimonios que permitan determinar si Palacios tuvo responsabilidad directa en las presuntas irregularidades y si hubo desviación de recursos en los contratos bajo la lupa.
Corte niega beneficios judiciales a exgobernador del Chocó condenado por pagos irregulares
La Corte Suprema de Justicia confirmó una condena de 7 años de prisión contra David Emilio Mosquera Valencia, exgobernador del Chocó, y le negó cualquier beneficio judicial como la prisión domiciliaria o la suspensión condicional de la pena.
Además, fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos o contratar con el Estado.
La sentencia, proferida por la Sala Especial de Primera Instancia en julio de 2025, también impuso una multa equivalente a 4.444,88 salarios mínimos y una inhabilidad para ejercer funciones públicas durante el mismo tiempo de la pena.
El caso se remonta a 2008, cuando el entonces gobernador Patrocinio Sánchez denunció presuntas irregularidades en pagos ordenados en 2002 por Mosquera Valencia.
Según el fallo, el exgobernador firmó dos resoluciones —la 0715 y la 2003— en las que autorizó el pago de cesantías y sanciones moratorias a 50 supuestos exfuncionarios del extinto Fondo Educativo Regional del Chocó, sin cumplir los requisitos legales.
Las resoluciones sirvieron como base para que, entre 2008 y 2009, la abogada Jhonny Emilia Moreno Mena cobrara más de $2.200 millones ante un juzgado laboral de Quibdó.
La Corte concluyó que Mosquera no tenía competencia legal para emitir dichos pagos, y que se omitieron trámites clave como la reclamación administrativa, la notificación a los beneficiarios y la certificación de disponibilidad presupuestal.
Estos hechos constituyeron un grave quebranto a la legalidad en el manejo de recursos públicos.
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