
Una investigación interna de la Policía Nacional, desarrollada como parte de de su Política Integral de Transparencia, terminó con un resultado tan delicado como contundente, doce uniformados, adscritos a la localidad de Puente Aranda en Bogotá, fueron capturados por su presunta participación en una red criminal vinculada a una peligrosa banda de ladrones de apartamentos, personas y vehículos de alta gama.
El escándalo estalló luego de que se vinculara a los policías con un violento asalto ocurrido en noviembre de 2024 en una inmobiliaria ubicada en el barrio Ciudad Montes. Aquella tarde, un patrullero y una patrullera llegaron al lugar, ubicado en la calle 8 sur con carrera 50, tras recibir el llamado de emergencia. Pero, en lugar de hallar una situación controlada, fueron recibidos a disparos por sujetos armados que, según las investigaciones posteriores, habrían contado con la complicidad de otros uniformados. Uno de los patrulleros resultó herido.
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Las pesquisas posteriores revelaron que los doce capturados no solo habrían tenido conocimiento previo del robo, sino que, además, habrían facilitado las acciones del grupo delincuencial. Incluso, un testimonio clave lo entregó uno de los propios uniformados heridos ese día, quien, durante el proceso de denuncia, aseguró que varios compañeros suyos sabían con antelación lo que iba a ocurrir. Esa declaración encendió las alertas y amplió la magnitud del caso.
Según la información oficial, los policías trabajaban para cuatro CAI ubicados en Puente Aranda, el CAI Gorgonzola, donde además fue capturado el comandante, el CAI Tejar, Santa Matilde y Puente Aranda. Entre los detenidos también figura un teniente de la institución.
El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue enfático al referirse a los hechos. “Fueron dejados a disposición de la autoridad competente. La Policía Nacional no tolera ningún acto que vaya en contra de la transparencia e integridad policial”, afirmó.

Los delitos por los que serán judicializados incluyen cohecho, concierto para delinquir, falsedad ideológica y prevaricato. Tras su captura, los uniformados fueron trasladados a la URI de Puente Aranda, desde donde serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Se espera que los detenidos comparezcan ante un juez de control de garantías, mientras continúan las diligencias de recolección de pruebas por parte de los investigadores del caso.
La gravedad del caso generó preocupación no solo por el número de implicados, sino por el nivel de infiltración que la banda habría logrado dentro de una estructura encargada de garantizar el orden público. Además, este episodio vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de fortalecer los controles internos dentro de la Policía, así como los procesos de seguimiento a las conductas de sus miembros para prevenir futuras redes de corrupción institucional.

Uno de los testigos civiles que estuvo cerca del lugar el día del asalto relató a Noticias Caracol que presenció la balacera. “En el momento que yo voy cruzando por la 50 hacia el sur veo que el patrullero iba detrás de la camioneta blanca que estaba en el andén y cuando sigo mirando veo que un man comienza a disparar. Yo alcanzo a agazaparme porque en cualquier momento disparaban hacia mi lado y recibo los disparos también. La balacera pudo haber durado unos siete a quince segundos. Fueron muchos disparos. Cuando me devolví para auxiliar al policía, tenía mucha sangre en el rostro y se quejaba de dolor en la pierna”.
La institución reiteró su compromiso con la depuración interna y aseguró que este tipo de operaciones hacen parte de un esfuerzo mayor por recuperar la confianza ciudadana y combatir la corrupción desde dentro.
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