La Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Itrc) avanza en un proceso disciplinario que involucra a doce funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Según información revelada por W Radio, diez de estos empleados públicos son investigados específicamente por registrar un incremento patrimonial que no estaría justificado con sus ingresos y bienes declarados.
El proceso se inició tras el análisis adelantado por la Subdirección de Instrucción Disciplinaria del Itrc, instancia encargada de verificar posibles irregularidades dentro de las entidades que recaudan y gestionan tributos en Colombia.
Esta evaluación se llevó a cabo durante el segundo trimestre de 2025 y derivó en la formulación de un pliego de cargos contra los doce funcionarios implicados.
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Con la imputación formal, el caso entra ahora en la fase de juzgamiento, en la que se determinará si existe o no responsabilidad disciplinaria por parte de los investigados.
De confirmarse alguna falta, podrían enfrentarse a sanciones administrativas o la separación de sus cargos, dependiendo de la gravedad de las conductas probadas.
Además del caso que afecta a la Dian, la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales mantiene abiertos múltiples expedientes disciplinarios en varias entidades públicas bajo su supervisión.
De acuerdo con los reportes de la entidad, en lo que va del semestre en curso, las seccionales de la Dian en Bogotá y Buenaventura concentran el mayor volumen de procesos internos, sumando en total 324 investigaciones activas por presuntas faltas disciplinarias de diverso tipo.
Otras instituciones también figuran en la lista de entes con expedientes abiertos.
Coljuegos, la entidad encargada de regular y administrar los juegos de suerte y azar en Colombia, acumula 26 investigaciones, mientras que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp) registra 24 procesos en curso.
En conjunto, entre estas tres entidades —Dian, Coljuegos y UGPP— suman 374 actuaciones disciplinarias, según las cifras consolidadas por la Agencia.
Este tipo de procedimientos buscan garantizar la transparencia y la correcta actuación de los servidores públicos responsables de manejar recursos, recaudar impuestos y administrar aportes parafiscales, funciones claves para la financiación del Estado colombiano.
El Itrc, creado como órgano de control especializado, tiene entre sus principales funciones la vigilancia y control de la conducta de los servidores vinculados a estas instituciones.
La etapa de juzgamiento que se abre ahora será clave para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los implicados y establecer las posibles sanciones disciplinarias que correspondan.
Así pueden participar ciudadanos y empresas en la subasta de bienes incautados por la Dian
Hasta el próximo 14 de julio de 2025, ciudadanos y empresas en Colombia tienen la posibilidad de adquirir bienes incautados, decomisados o abandonados, mediante un proceso de subasta virtual organizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Esta convocatoria hace parte de una estrategia del Gobierno para recuperar recursos públicos y optimizar la administración de activos retenidos por razones fiscales, aduaneras o por contrabando.
La subasta abarca una variedad de bienes que incluyen apartamentos, casas, lotes, parqueaderos y vehículos. Todos cuentan con precios base por debajo de su avalúo comercial, lo que representa una alternativa para quienes buscan adquirir propiedades o automotores a menor costo. En la lista se encuentran, por ejemplo, un apartamento en Villavicencio disponible en obra negra con un precio inicial de poco más de 30 millones de pesos, otra propiedad similar con valor de salida cercano a 40 millones, y una casa de dos pisos en Montería que parte de 191 millones. También figura una motocicleta modelo 2022 localizada en Vaupés, con un precio base de poco más de dos millones de pesos.
El proceso está abierto a personas naturales y jurídicas que cumplan una serie de requisitos básicos. Entre ellos, se debe presentar la cédula de ciudadanía, el Registro Único Tributario (RUT) y el certificado de antecedentes judiciales. Adicionalmente, para formalizar la inscripción como postor, los interesados deben constituir un depósito de garantía equivalente al 40% del avalúo del bien que aspiran a comprar. Este pago se realiza a través del Banco Agrario de Colombia y es indispensable, ya que una vez realizada una oferta, no se admite retracto.
Las ofertas pueden presentarse durante los cinco días previos a la fecha fijada para la audiencia virtual de remate o dentro de la primera hora de apertura de la misma. Además, la oferta debe cubrir como mínimo el 70% del avalúo del bien subastado y debe ir respaldada por el comprobante del depósito.
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